La situación de seguridad en el departamento de Risaralda ha tomado un giro preocupante debido a la extorsión por el ELN. Autoridades locales piden redoblar el pie de fuerza para evitar incursiones terroristas, luego de un reciente incidente que ha puesto en alerta a la comunidad.
El pasado miércoles en la mañana, un vehículo tipo volqueta fue incendiado en la vereda Santa Rita del municipio de Pueblo Rico. Las autoridades atribuyen este ataque a la negativa de pago de una extorsión. El responsable del ataque, según informes, es el frente Manuel Hernández “El Boche” del GAO ELN. El incidente no solo causó daños materiales sino también un intercambio de disparos con el Ejército Nacional.
Extorsiones a Comerciantes y Transportadores
Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, dijo al medio nacional Caracol Radio que tras un consejo de seguridad, se confirmó que comerciantes y transportadores de Risaralda, especialmente aquellos en Pueblo Rico, están siendo víctimas de extorsiones. Estos individuos, que a menudo deben cruzar al vecino departamento del Chocó debido a su labor, han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas.
Londoño destacó que estas comisiones guerrilleras viajan desde Chocó a Risaralda específicamente para el cobro de estas extorsiones. Por ello, se ha solicitado un incremento en la presencia de fuerzas de seguridad para prevenir futuras incursiones terroristas, una problemática que no había afectado al departamento en las últimas dos décadas.
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Medidas de Seguridad
A pesar de la tensión reciente, Londoño aseguró que la situación en los límites del departamento ha vuelto a la normalidad tras estos hechos. Sin embargo, la proximidad a zonas conflictivas como el Norte del Valle del Cauca y Chocó requiere una vigilancia constante.
El Ejército Nacional mantiene una presencia activa en todo el territorio, con grupos permanentes en puntos estratégicos como Santa Cecilia, en los límites entre Risaralda y Chocó; San Antonio del Chamí en Mistrató; y el municipio de Quinchía. Esta estrategia busca garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.
El funcionario destacó que el gobierno departamental y las autoridades de seguridad están trabajando juntos para enfrentar esta nueva amenaza y resaltó que el incremento del pie de fuerza es crucial para disuadir a los grupos al margen de la ley y asegurar que los comerciantes y transportadores puedan realizar sus actividades sin temor a represalias.
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