De acuerdo a la alerta 041 del 25 de agosto del 2020, emitida por la defensoría del pueblo, en estas ciudades habría presencia de Grupos Armados Delincuenciales Organizados (GADO) como Los Flacos, Los Paisas, La Cordillera, Los Rolos, el Clan de la Montaña, La Oficina de Armenia y la Oficina del Valle de Aburrá.
En la ciudad de Pereira, 106 mil habitantes de las comunas Villasantana, Ferrocarril, Cuba, Villavicencio y Oriente, de los corregimientos de Puerto Caldas, Caimalito y Arabia y de la vereda Canceles estarían en riesgo por el crecimiento exponencial de bandas vinculadas con el grupo La Cordillera.
También se estaría registrando un fenómeno transitorio de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC en municipios del occidente de Risaralda.
Esta zona tiene una importancia estratégica para los grupos armados ilegales, dice la Defensoría del Pueblo.
«Por su profunda interconexión, y que cada una desde su particularidad se convierte en una unidad funcional para el flujo y fortalecimiento de economías ilícitas, el lavado de activos, el fortalecimiento de sus economías, el accionar de sus estructuras y el control sobre los territorios y poblaciones, favorecida por configuraciones culturales compartidas, derivadas de la memoria del conflicto armado y de los poderes sostenidos por parte de estos grupos con posterioridad a procesos de desmovilización y reincorporación, así como con ocasión de la incidencia histórica que ha tenido el narcotráfico en ciudades como Pereira, Manizales y Armenia«, señalaron.
De acuerdo al informe, en los últimos doce meses, y según cifras de Migración Colombia, a la ciudad de Manizales han llegado 4.234 migrantes de origen venezolano: 12.837 a la ciudad de Pereira y 6.366 a Armenia. Quienes, por su situación de vulnerabilidad socioeconómica, se encuentran en riesgo de ser vinculados a grupos delincuenciales locales y estructuras de crimen organizado.
Son identificados como población vulnerable los líderes comunales, comunitarias, ambientales, y defensores de Derechos Humanos, periodistas, comerciantes, dirigentes sindicales y sus miembros, docentes e investigadores, personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios y sus familias, miembros de las mesas de víctimas departamentales y municipales.
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De igual forma, funcionarios públicos, responsables de procesos administrativos y judiciales que afectan los intereses de estructuras criminales y grupos delincuenciales locales; también los particulares que realizan funciones públicas o que impulsan procesos sociales en la zona.
Según la Defensoría, organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en Armenia, Corazón por Tokio en Pereira, la Federación de Juntas de Acción Comunal, el colectivo Subámonos al Bus del POT en Manizales, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), entre otras se encuentran en riesgo.
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Esta alerta temprana para los tres municipios insta a las instituciones a adoptar medidas con el fin de mitigar el riesgo y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la población.
Entre las medidas, se recomienda al Ministerio del Interior tramitar de manera inmediata, ante las autoridades competentes, esta Alerta Temprana Estructural para que se adopten medidas urgentes de prevención y protección con enfoque diferencial, así mismo, iniciar la coordinación de la respuesta institucional y seguimiento a los impactos de las medidas adoptadas.
Gobernaciones de Quindío, Risaralda y Caldas, Alcaldías y Concejos de Armenia, Pereira y Manizales, deberán definir la Instancia Territorial desde la cual se coordinará la implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección en los territorios y convocar este espacio.
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