A la actual administración le corresponde responder por el 75% de la deuda con el sector financiero
La Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Hacienda departamental, continúa dándole un manejo responsable a la carga fiscal del departamento, mediante un proceso de mejoramiento del perfil de deuda, la cual se recibió en $105 mil 739 millones al inicio del año 2012. Así lo confirmó el Secretario de Hacienda Departamental, Vicente Galvis.
Según el funcionario, son $55.654 millones los que a la fecha han sido abonados a capital, permitiendo pasar de $105.739 millones que se recibió a 31 de diciembre de 2011 a $50.085 millones al 22 de agosto de 2014.
“Es importante recordar que al 31 de Diciembre del 2011, el endeudamiento del departamento ascendía a $75.313 millones, de los cuales $55.879 millones correspondían a deuda acumulada, es decir, a préstamos que se hicieron con entidades bancarias. Los restantes $19.434 millones, fueron gestionados de forma imprecisa como Vigencias Futuras, ya que se ejecutaron como crédito por la Promotora de Vivienda”, explicó Galvis.
Los $30.425 millones restantes que completan los 105 mil 739 millones, según el funcionario, fueron adquiridos bajo la modalidad de Vigencias Futuras (Agua Potable y Saneamiento Básico, Educación, Salud y Educación), comprometiendo recursos hasta el 2020.
A lo anterior agrega Galvis, esta administración asumió el pago de la deuda adquirida en años anteriores, lo cual distrae el esfuerzo fiscal para el Plan de Desarrollo Risaralda Unida Incluyente y con Resultados, lo que ha hecho que se gestionen recursos desde el Gobierno Nacional que permitan apalancar proyectos para el departamento.
“El pago de la deuda la está asumiendo el Gobierno del Doctor Carlos Alberto Botero López, ya que los préstamos desembolsados entre el 2009 al 2011, fueron negociados con las entidades bancarias, con dos años de gracia y la extensión del pago de la deuda a mayor cantidad de años, lo que significó un traslado del pago de la deuda a esta Administración”, comentó.
Los $55.654 millones, que ya no están en los compromisos de la administración, se lograron a través de un manejo adecuado del perfil de la deuda, caracterizado por la adopción de una exigente política de austeridad en el gasto y presupuestos ajustados a las necesidades de la población.
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