
Secretario de Tránsito de Dosquebradas, Yeison Palacio Bedoya, anunció una gestión ante congresistas de Risaralda para convertir esta actividad en un delito
Lo que durante años fue visto como una práctica recurrente en las vías ahora está bajo una presión distinta. Los piques ilegales en Pereira y Dosquebradas dejaron de ser un problema aislado y entraron en una fase más crítica, con controles reforzados y una propuesta que podría cambiar las reglas del juego.
Las maniobras peligrosas en motocicletas, especialmente en horarios nocturnos, han encendido las alarmas en el área metropolitana. Autoridades advierten que el riesgo ya no es solo para quienes participan, sino también para peatones, conductores y comunidades cercanas.
Los reportes recientes incluyen personas lesionadas e incluso casos fatales, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para tomar medidas más contundentes.
Ante este panorama, el secretario de Tránsito de Dosquebradas, Yeison Palacio Bedoya, planteó un giro que podría escalar el tema a nivel nacional:
“Estamos adelantando gestiones con congresistas para que esta conducta deje de ser solo una infracción y pase a ser un delito”.
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Actualmente, quienes participan en piques ilegales enfrentan comparendos e inmovilización del vehículo. Sin embargo, desde la administración consideran que estas sanciones no están generando un efecto disuasivo real.
La iniciativa busca tipificar penalmente estas prácticas, lo que implicaría consecuencias más severas para los infractores.
Según el funcionario, el objetivo es claro:
“Las medidas actuales no están frenando esta conducta. Necesitamos herramientas legales más fuertes que realmente impacten”.
Palacio hizo un llamado directo al Congreso de la República para que se avance en medidas más estrictas.
“Hoy elevamos ante los nuevos congresistas y ante la clase dirigente del país la necesidad imperativa de realizar ya una reforma o promulgar una ley que permita castigar con cárcel a estas personas que no solamente atentan contra la vida de los demás, atentan contra su vida, atentan contra la integridad de las demás personas y atentan contra la tranquilidad”
Este planteamiento abre un debate de fondo: hasta qué punto el endurecimiento de las sanciones puede reducir este tipo de comportamientos en vía pública.
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En medio de los controles, surgió un elemento que cambia el análisis del problema. El mismo secretario reveló que se presentó una queja ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Según la denuncia:
“Algunos guardas de seguridad estarían alertando a quienes participan en los piques, permitiéndoles evadir los controles”.
Este factor introduce una variable adicional que no estaba en el radar inicial y que podría estar debilitando la efectividad de los operativos.
Las autoridades mantienen operativos en distintos puntos del área metropolitana, con énfasis en zonas y horarios críticos. Al mismo tiempo, evalúan ajustes en la estrategia para evitar filtraciones y mejorar los resultados.
El panorama sigue abierto. Entre controles viales, denuncias y una posible reforma legal, los piques ilegales pasan de ser un problema de tránsito a un debate más amplio sobre seguridad y justicia en la región.
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