Concluyó la visita institucional de tipo preventivo que realizó la Procuraduría General de la Nación el día de ayer a la ciudad de Armenia (Quindío), con la reunión sostenida con la gobernadora de ese departamento, Sandra Paola Hurtado, donde se le hizo un llamado de atención frente a la obligación de cumplir y hacer cumplir en la administración local la Ley de Garantías Electorales.
Dicha acción preventiva fue realizada en cabeza de la presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría, María Eugenia Carreño Gómez, quien además le reiteró a la mandataria las instrucciones impartidas por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, a los servidores públicos en materia de deberes, prohibiciones, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y otros, con ocasión de las próximas votaciones que se vivirán en el país.
“Son muchas las denuncias que hemos recibido sobre participación en política, hecho que de ser cierto, sería objeto de un proceso disciplinario”, previno la doctora Carreño Gómez a la funcionaria. Además le solicitó abstenerse de realizar cualquier acto público que se preste para ser utilizado a favor de determinadas campañas políticas al interior del departamento.
Fue enfática la representante del ente de control en pedir que se cumplan a cabalidad la directiva 004 de 2015 y la circular 005 del mismo año, que hacen recomendaciones en materia de contratación y demás restricciones en aplicación de la Ley de Garantías, con ocasión de los procesos electorales de 2015 a gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos distritales, municipales y juntas administradoras locales. Igualmente, se aprovechó la oportunidad para instar a la mandataria a sustraer el proceso eleccionario de la Corporación Autónoma Regional (CAR) previsto para el próximo 23 de octubre de cualquier interferencia política con ocasión de los comicios venideros y le reiteró, conforme a la circular 019 del 6 de octubre del presente año, suscrita por el procurador general de la Nación, el acompañamiento del Ministerio Público a ese proceso.
La presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales dio instrucciones precisas al procurador regional de Quindío para que esté atento a los próximos actos oficiales de la administración departamental con el propósito de que no sean permeados por campañas o causas políticas, así como para que inicie las acciones disciplinarias a que haya lugar, dentro de las garantías procesales y el respeto a la legítima defensa, según reza en la Ley 732 de 2002.
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