Por cambiar unilateralmente una decisión que había sido adoptada por la plenaria de esta corporación
Se trata de Orfa Liliana Correa Rojas, a quien la Procuraduría General de la Nación impuso, en fallo de primera instancia, una suspensión por el término de un mes, tras de comprobar que abusó de su poder y de la posición que ostentaba como máxima representante de la corporación edilicia de Salento, Quindío.
La disciplinada vulneró las disposiciones referidas a los principios de moralidad y eficacia, al modificar a su arbitrio la fecha para elegir los funcionarios de su competencia, sin tener en cuenta que esta había sido acordada en una sesión a la que asistió la totalidad de los miembros del citado concejo municipal.
Se evidenció que Correa Rojas provocó la inconformidad de varios de los interesados en el proceso de los referidos nombramientos, quienes interpusieron las respectivas quejas.
Con este comportamiento irregular se entorpeció la función administrativa de la entidad pública que representaba Correa Rojas.
Para la Procuraduría Provincial de Armenia la expresidenta del concejo incumplió, entre otras normas, la Ley 136 de 1994, expresamente el artículo 30 que indica que en los concejos y sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.
La conducta desplegada por la exfuncionaria fue calificada por el ente de control como grave cometida con culpa grave, por extralimitación en el uso de las funciones inherentes a su cargo.
Contra esta decisión de primera instancia los sujetos procesales no interpusieron recurso, por lo tanto quedó en firme.
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