En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al alcalde de Calarcá (Quindío), Juan Carlos Giraldo Romero, con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses, por ser responsable disciplinariamente de irregularidades en el trámite del proceso precontractual relacionado con la implementación y operación del sistema de ‘fotomultas’ para ese municipio.
Tal proceso inició con la creación de la empresa de economía mixta denominada “Trans Port Tech SAS”, sin haber realizado la escogencia conforme a las normas de contratación, para lo cual fue autorizado el mandatario por el Concejo Municipal de Calarcá en agosto de 2012.
Al gobernante local se le sanciona por omitir la realización de un proceso de selección objetiva y no tener un análisis serio que permitiera una escogencia ajustada a los parámetros de contratación estatal.
De igual forma se probó que el disciplinado faltó al deber de planeación, toda vez que no se realizaron las gestiones tendientes a adquirir los permisos y licencias del Invías y la concesión que opera la vía La Bella para operar los detectores de velocidad.
Para el Ministerio Público, por desconocer las obligaciones legales y constitucionales sin justificación alguna y dada su experiencia y conocimiento del sector público, el señor Giraldo Romero tenía plena conciencia de las limitaciones que constitucional y legalmente se le imponían, por lo que la conducta se calificó como grave a título de dolo.
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