El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, anunció que nombrará nueva junta de la entidad por decreto
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, decidió nombrar por decreto la nueva junta directiva de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, así lo anunció durante el ‘cabildo abierto por la defensa y protección de esta entidad’ que convocó la ciudadanía y que se realizó en el recinto de la Honorable Asamblea Departamental.
El mandatario de los quindianos afirmó que para tomar esta decisión se basó en tres conceptos emitidos por las Superintendencias de Sociedades y Servicios Públicos, y le solicitó al presidente de la Cámara de Comercio del Quindío, Rodrigo Estrada Reveiz, que sea él quien personalmente revise y decida sobre la inscripción de la misma en el registro mercantil.
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá señaló que lo anterior está relacionado con sus funciones constitucionales como cabeza del departamento del Quindío en atención a la necesidad de mejorar la prestación del servicio público de agua potable y de calidad para más de nueve municipios.
“A mí me corresponde darle viabilidad administrativa inmediata para que no se suspenda la prestación del servicio de agua y no caer en una causal de intervención y lleguen desde Bogotá administradores de la Superintendencia a manejar el principal patrimonio de los quindianos, como lo es el agua potable”, agregó, al tiempo que cuestionó sobre las enfermedades que podría estar provocando el agua no tratada que se le está suministrando a algunos ciudadanos que así lo denunciaron.
Sobre las altas tarifas que se están cobrando a los usuarios, tema de denuncia durante el cabildo, el gobernador del Quindío, quien así fue elegido por más de 126 mil personas en octubre de 2015, dijo: “En nuestro departamento muchos habitantes son de bajos recursos, es por eso que el tema del incremento tarifario no podía manejarse como lo pretendía hacer parte de la administración de la sociedad prestadora. Nuestro deber constitucional consiste en fijar tarifas que ellos puedan pagar y que a la vez puedan cubrir sus necesidades básicas llamadas mínimo vital”.
Sobre el cabildo
El cabido abierto convocado por la Junta Ciudadana en representación de la comunidad quindiana se cumplió para defender y proteger el patrimonio público de EPQ, analizar su realidad administrativa, financiera, técnica y operativa; revisar el incremento exagerado de las tarifas de acueducto y alcantarillado en los municipios operados por la entidad y los convenios interadministrativos suscritos por EPQ con los municipios quindianos y con el departamento del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas.
Las denuncias del ponente
Alejandro Rodríguez Torres, representante de la Junta Ciudadana, explicó que EPQ SA ESP no tiene usuarios en la ciudad de Armenia, sin embargo los cargos de dirección y manejo son ejercidos por personas que estuvieron vinculadas al gobierno departamental durante el periodo 2012-2015. «No podemos convertir las empresas de servicio público en empresas privadas al servicio de familias y causas políticas, por eso les pido a los órganos de control, una vez terminado el escenario, que procedan a ampliar los procesos que ya tenemos en la Fiscalía, en la Procuraduría, hay 17 procesos abiertos frente al tema de EPQ”.
Y agregó: “Con corrupción no es posible que haya paz. No podemos permitir que una empresa de servicios públicos, que funciona con los aportes de los ciudadanos, se convierta en un fortín para pagar nóminas al beneficio de determinadas familias de un grupo político. Este tema ha sido un proceso de investigación y ahí están todas las pruebas que demuestran favorecimiento familiar, político e institucional en cargos de planta y contratos de prestación de servicios”.
En su presentación, Rodríguez Torres hizo un comparativo del consumo por el nuevo modelo tarifario y denunció el aumento del 746.98% en los salarios de EPQ, entre otros aspectos.
Las denuncias del gobierno departamental
Juan Antonio Osorio Álvarez, secretario de Infraestructura del Quindío, expuso los problemas de gobernanza y gobernabilidad que han sido denunciados por el gobernador ante los entes de control, entre ellos que los estatutos que cambiaron a 9 días de terminar la anterior administración departamental, hicieron imposible la administración de la empresa.
“Le pido un favor señor procurador, si hemos cometido fallas, investíguenos y sanciónenos, pero que esto sea con justicia, porque nadie puede trabajar sobre el hecho de tener una irregularidad jurídica, y eso es lo que hemos pretendido arreglar”, dijo el funcionario.
De igual manera mencionó que la Superintendencia de Servicios Públicos conoce desde hace dos años esta denuncia y que últimamente se les hizo un derecho de petición para que resolviera una duda que tenía la junta directiva, y se tomó 56 días para contestar.
“Esta empresa es pequeña, pero significa mucho para los quindianos porque está comprometida la vida, ya que estamos administrando el agua. Hay que correrle a este asunto y que se tomen las medidas que se tengan que tomar”, puntualizó.
Intervención del viceprocurador General de la Nación
El cabildo abierto contó con la participación de Juan Carlos Cortés González, viceprocurador General de la Nación, quien se comprometió a hacerle seguimiento a las observaciones, quejas, inquietudes y demandas que plantearon los ciudadanos. “Vamos a requerir toda la información, antecedentes y grabaciones para que sean trasladadas de manera inmediata a la delegada de vigilancia administrativa”, dijo.
“También conformaremos una comisión especial de trabajo que aborde la evaluación de las quejas y actuaciones disciplinarias que surjan del cabildo con el fin de determinar si es adecuado y conveniente trasladar el conocimiento de las mismas a las delegadas a nivel nacional y cuáles continuarán su trámite en el orden territorial, y establecer así un orden de trabajo para solucionar la situación disciplinaria de los diferentes funcionarios o actores de la empresa EPQ”.
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