Este fin de semana se conoció del asesinato de dos líderes sociales en el país. El primero de ellos ocurrió en el corregimiento de Bocas del Toro, municipio de Turbo (Antioquia) en donde fue asesinado Luis Alberto Rivas Gómez, líder de la comunidad afrocolombiana en la región. Al parecer, el líder fue asesinado en su propia casa el pasado sábado 18 de agosto. Las autoridades adelantan las primeras investigaciones para determinar quiénes son los autores del crimen e identificar los móviles que llevaron al homicidio.
El segundo caso se presentó en la ciudad de Armenia (Quindío) donde fue asesinado Marco Tulio Grajales Londoño, líder comunitario del barrio Salvador Allende de Armenia. Grajales fue asesinado este domingo 19 de agosto en horas de la madrugada cuando fue atacado en su puesto de venta de comida por un sujeto, aún desconocido, quien le propino varios impactos de bala.
El sobrino del líder social, Geovany Zambrano Londoño, quien fue entrevistado por un medio local (Quindío Noticias) aseguró que no se conocían amenazas contra su tío: “Él era un líder social reconocido, no conocíamos amenazas, pero cabe resaltar que esta es una zona de muchos problemas, por ejemplo, el microtráfico, así como una serie de situaciones con las que mi tío tenía que lidiar día a día. Estamos a la espera de que las autoridades nos informen que pasó”, comentó Zambrano.
Recientemente, Naciones Unidas expresó su preocupación por la ola de asesinatos de líderes sociales que se ha venido presentando en los últimos meses en el país. Durante la presentación del Tercer Informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia se resalta la “indignación y repudio de la sociedad colombiana contra esta ola de asesinatos” y se destaca la importancia del “pacto de rechazo a la violencia”, suscrito por el expresidente Juan Manuel Santos con el actual mandatario Iván Duque, así como las instituciones estatales más importantes y los partidos políticos.
“El secretario general destacó algunos avances en las medidas previstas en el Acuerdo de Paz dirigidas a encarar la violencia en las zonas de conflicto, tales como la creación del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades, las organizaciones, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, y las medidas adoptadas en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El secretario general señaló que estas medidas se encuentran en distintas etapas de implementación y enfatizó la importancia de fortalecerlas”, consigna el informe.
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