La Fiscalía igualmente confiscó propiedades de su esposo, Francisco Javier Valencia Salazar, y de tres firmas constructoras que habrían obtenido contratos viales de manera irregular.
La Fiscalía General incautó en las últimas horas 23 bienes que, supuestamente, estarían a nombre de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, de su esposo, Francisco Javier Valencia Salazar, y de constructores y contratistas que están siendo investigados por irregularidades en la adjudicación de contratos para obras de la capital del departamento del Quindío.
En ente investigador rastreó el patrimonio de estas personas y reveló que dos días antes de la captura de la exalcaldesa y de su esposo, constituyeron la sociedad Valencia Otálvaro & Cía., en la que supuestamente empezaron a ocultar parte de sus propiedades que, según la investigación, “sostenían con dineros que supuestamente recibieron para direccionar los contratos de obra”.
La Fiscalía investiga un supuesto direccionamiento de planes de desarrollo vial a un grupo específico de constructores. De acuerdo con las pesquisas, Valencia Franco logró la aprobación de un proyecto para realizar cobros por valorización para financiar obras en Armenia. Y, para ello, habría expedido un acuerdo con el que facultaba a las secretarías del despacho a realizar contrataciones directas de manera independiente.
Sin embargo, lo que la investigación dice es que esto fue una fachada para que el constructor investigado Fernando Díez Cardona y Valencia Salazar pactaran que la contratación de las obras, que ascendía a más de $111 mil millones, quedara en manos de dos uniones temporales. En el acuerdo ilícito, al parecer, se acoró una entrega inicial de $300 millones y el pago de dádivas que corresponderían al 10% del valor inicial de los contratos.
Las propiedades, que están tasadas en $156 mil millones, fueron incautadas en Bogotá, Girardot (Cundinamarca), Pereira (Risaralda); Medellín, Sabaneta y La Ceja (Antioquia); y Armenia, Pijao y Quimbaya (Quindío). Entre los bienes ocupados, hay 18 inmuebles, tres sociedades y dos establecimientos de comercio que quedarán en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Igualmente, la Fiscalía manifestó que las sociedades Constructora Díez Cardona S.A.S., Constructora Furel S.A. –del empresario Hernán Moreno Pérez–; y la española Construcciones Lezo S.A.S., que conformaron las uniones temporales, también fueron ocupadas, así como las oficinas principales donde funcionaban en Medellín y Bogotá. “Está claro que las tres sociedades constructoras vinculadas a las investigaciones y sus bienes fueron destinados y utilizados como instrumentos para la comisión de una actividad ilegal que afectó las finanzas de Armenia”, sostuvo el ente investigador.
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