Una veeduría ciudadana radicó un recurso legal contra el Ministerio de Transporte y la ANI por “falsa motivación”. Advierten discriminación frente a otros departamentos y convocan a protestas pacíficas en las casetas de Autopistas del Café.
¿Por qué hay polémica y amenazas de protesta por el cobro del peaje de Circasia en el Quindío?
La Veeduría Cívica Armenia y Quindío radicó el 1 de julio de 2026 un recurso legal ante el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para obligar la inclusión de Circasia y los sectores rurales del norte de Armenia en la tarifa diferencial de $700 de Autopistas del Café. Los ciudadanos denunciaron que el Gobierno Nacional los excluyó sin verdaderos estudios técnicos, favoreciendo a departamentos vecinos, por lo que anunciaron inminentes movilizaciones pacíficas en las inmediaciones del peaje.
El peso de una firma sin estudios técnicos
Mientras algunas poblaciones celebraban la entrada en vigencia del anhelado descuento en las vías, la organización civil encendía una batalla jurídica. Sobre el escritorio de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, y del presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, aterrizó un extenso expediente que busca tumbar parcialmente la polémica resolución tarifaria.
El argumento central de los demandantes apunta al corazón jurídico del documento: el acto administrativo padece de una evidente “falsa motivación”.
Para los líderes cívicos, resulta incomprensible que la decisión oficial carezca de un solo estudio técnico real que la respalde. Cuestionan abiertamente la ausencia de matrices de origen-destino o aforos de movilidad que justifiquen por qué el mismo municipio que alberga la infraestructura, y que soporta a diario sus impactos socioeconómicos y ambientales, quedó por fuera del beneficio.
¿Discriminación regional o presión política coyuntural?
El debate trasciende los límites del Quindío y toca las fibras sensibles de la equidad territorial. La acción legal advierte que la normativa vulnera los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad, al aplicar una vara de medir distinta dependiendo de las coordenadas geográficas.
Los voceros denuncian un trato abiertamente discriminatorio. Observan con recelo cómo el Ministerio de Transporte sí fue diligente al otorgar beneficios tarifarios específicos a sectores rurales de Manizales en Caldas y Pereira en Risaralda.
En contraste, ignoraron la estrecha dependencia funcional, comercial y laboral que late en el corredor que conecta a Armenia, Circasia, Filandia y Salento. El recurso sugiere una presunta “desviación de poder”, insinuando que la ANI pudo haber cedido ante bloqueos y presiones políticas en otros departamentos, sacrificando los criterios técnicos a la hora de repartir los auxilios económicos.
El ultimátum por la transparencia de los datos
Lejos de quedarse únicamente en la impugnación del documento, la organización blindó su ofensiva radicando un derecho de petición reforzado. El objetivo es ejercer presión jurídicamente al Ministerio para que destape sus cartas y entregue de manera inmediata los análisis financieros y las proyecciones de tráfico que avalaron esta exclusión.
«La motivación técnica no puede suplirse con referencias generales a conceptos internos si dichos documentos no son públicos ni contrastables por la ciudadanía», señala el texto oficial de la reclamación.
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Buscando evitar un choque de trenes prolongado, los demandantes trazaron una ruta de salida institucional. Propusieron la creación urgente de una mesa técnica regional donde la Gobernación del Quindío y las alcaldías de Armenia y Circasia puedan concertar un rediseño de los beneficiarios, garantizando siempre la sostenibilidad de la concesión vial.
Este llamado de alerta ya hizo eco en las altas esferas del control estatal. Copias del documento reposan hoy bajo la lupa de la Procuraduría, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la propia firma Autopistas del Café S.A.
De los tribunales al asfalto de las vías
La frustración de los conductores locales, sin embargo, no está dispuesta a esperar los largos tiempos de la justicia contenciosa administrativa. Consideran una paradoja inaceptable que el municipio anfitrión siga siendo el gran perdedor de esta negociación.
Ante este escenario de oídos sordos, la Veeduría Cívica lanzó una convocatoria pública directa a los habitantes de Circasia. La invitación es a concentrarse de manera masiva en las inmediaciones de la caseta de recaudo para visibilizar el problema a escala nacional.
La consigna de los organizadores busca mantener la contundencia del reclamo bajo un estricto marco de protesta pacífica. Subrayaron que las movilizaciones acatarán la Constitución, con el único propósito de presionar al Gobierno para que corrija un error de cálculo que hoy castiga severamente el bolsillo de los quindianos.
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