Este martes 28 de septiembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, designó a la abogada Carmen Ligia Valderrama como la nueva Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tras el escándalo de corrupción que obligó a renunciar a Karen Abudinen, anterior titular de esa cartera.
«He designado a la Dra. Carmen Ligia Valderrama como nueva ministra TIC. La Dra. Valderrama se venía desempeñando como viceministra de Transporte y también ha sido Superintendente de Transporte, Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor y Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio», informó Duque en un mensaje en Twitter.
El presidente colombiano subrayó que Valderrama es experta en administración pública, supervisión y vigilancia, derecho contractual y competencia.
Además, «se ha desempeñado como funcionaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), profesora universitaria y tiene más de 20 años de experiencia en derecho de los negocios y gestión pública».
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Presuntas irregularidades en un millonario contrato para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a Internet.
Para empezar a ejecutar dicho contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos (unos 263 millones de dólares), el Gobierno dio a Centros Poblados, uno de los dos contratistas, un anticipo de 70.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).
Sin embargo, medios nacionales como la emisora W Radio revelaron que el contratista, que no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado, presentó tres pólizas de garantías bancarias falsas en la licitación y tras recibir el anticipo apenas se ha avanzado en la ejecución del contrato.
El Jefe de Estado le encomendó a la nueva ministra «sacar adelante todos los proyectos de conectividad en marcha, avanzar en la formación de 100.000 programadores, llevar internet de alta velocidad al 70 % del país en agosto de 2022 y avanzar en la consolidación de una economía y gobierno digital».
Además, le asignó la tarea de «apoyar la labor de todos los organismos de control para llevar hasta las últimas consecuencias a quienes de manera fraudulenta querían desfalcar al Estado».
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