El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión sin precedentes en la historia política del país al imponer una contundente sanción contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por violación de topes electorales y financiación prohibida, ordenando la devolución de más de 5.000 millones de pesos, tras un exhaustivo análisis de pruebas contables y documentales.
La determinación fue adoptada por la sala plena del organismo con una votación de 6-3, acogiendo la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, respaldados por el conjuez Majer Nayi Abushihab, quien se sumó a la mayoría luego de evaluar un expediente superior a las 600 páginas. La resolución establece responsabilidades directas sobre varios integrantes clave del equipo financiero de la campaña.
Entre los sancionados figuran Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna. Estos deberán responder en primera vuelta por 2.252 millones de pesos y, de manera solidaria, por otros 2.447 millones adicionales debido al exceso en los topes permitidos.
En segunda vuelta, las irregularidades también fueron objeto de reproche. El CNE impuso sanciones por 627 millones de pesos por financiación prohibida y 596 millones por violación de topes electorales, además de multas individuales por 583 millones de pesos al movimiento Colombia Humana y a la Unión Patriótica (UP).
El organismo electoral determinó que la UP incumplió sus deberes de vigilancia y auditoría al no verificar con rigor el origen y destino de los recursos. En cuanto a Colombia Humana, concluyó que permitió el ingreso de fondos provenientes de fuentes prohibidas y actuó como persona jurídica en la financiación de la campaña, omitiendo los reportes exigidos por la normativa electoral.
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Uno de los elementos más sensibles del fallo recae sobre Ricardo Roa, a quien se le ordenó devolver 165 millones de pesos por un gasto asociado a un evento en el Movistar Arena el día de las elecciones presidenciales. De acuerdo con el CNE, dicho desembolso no se ajustaba a las actividades permitidas durante la jornada electoral, pese a que inicialmente fue pagado con su tarjeta personal y luego reembolsado.
La resolución fue calificada como histórica, al convertirse en la primera sanción de este tipo contra una campaña presidencial en Colombia. Aunque decisiones previas de la Corte Constitucional habían limitado la competencia del CNE frente al jefe de Estado en ejercicio, el tribunal electoral ratificó su facultad para investigar y sancionar las actuaciones del equipo de campaña.
En el plano político, la decisión sacude el entorno más cercano al presidente Gustavo Petro y podría derivar en consecuencias administrativas, entre ellas la eventual salida de Roa de la presidencia de Ecopetrol.
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