El Gobierno Nacional anunció un nuevo aumento en los precios de la gasolina y el diésel en Colombia, que comenzó a aplicarse desde este viernes 24 de octubre de 2025. La medida hace parte de la política de nivelación gradual implementada por el Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y garantizar la sostenibilidad fiscal del país.
De acuerdo con la información oficial, el precio de la gasolina corriente registrará un incremento estimado entre $200 y $400 por galón, mientras que el diésel aumentará alrededor de $150. Con este nuevo ajuste, el precio promedio nacional de la gasolina superará los $16.000 por galón, y el del diésel se acercará a los $10.000, dependiendo de los costos logísticos, de transporte y los márgenes de distribución en cada región.
El Ministerio de Minas y Energía explicó que este aumento responde a la necesidad de equiparar los precios internos de los combustibles con las referencias internacionales del petróleo. Esta nivelación busca reflejar el verdadero costo de importación de los derivados del crudo y reducir el impacto fiscal que ha representado el subsidio estatal a los combustibles en los últimos años.
“El ajuste en los precios busca reducir el déficit del FEPC y garantizar la estabilidad económica del país, asegurando que los valores de venta al público reflejen las condiciones reales del mercado internacional”, señaló el Ministerio en un comunicado.
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Sin embargo, el anuncio generó preocupación en diversos sectores económicos. Los gremios del transporte de carga y pasajeros, así como organizaciones ciudadanas, advirtieron que el incremento en los precios de la gasolina y el diésel podría tener un efecto directo sobre el costo de vida, los alimentos y la inflación general.
El presidente de una de las asociaciones de transportadores indicó que el aumento “golpea directamente la rentabilidad del sector y, por ende, terminará afectando el precio final de los productos en el mercado”.
Por su parte, analistas económicos consideran que, aunque la medida es impopular, resulta necesaria para corregir el déficit fiscal y mantener la estabilidad financiera del país. Aseguran que el FEPC, creado para evitar que los consumidores pagaran los aumentos internacionales del crudo, ha generado una deuda millonaria que el Estado no puede seguir asumiendo indefinidamente.
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