El alto tribunal avaló el sistema de cuatro pilares y el umbral de Colpensiones, pero movió la fecha de inicio para el 1 de abril de 2027. Nueve artículos clave, como la rebaja de semanas para madres, tendrán que volver a debatirse.
¿Cuándo entra en vigencia la reforma pensional en Colombia y cómo afecta a los trabajadores de Dosquebradas y el país?
La nueva reforma pensional (Ley 2381 de 2024) comenzará a regir el 1 de abril de 2027 en toda Colombia, impactando directamente el ahorro de los trabajadores en Dosquebradas, Risaralda, y el resto del país. La Corte Constitucional avaló que Colpensiones administre los aportes de hasta 2,3 salarios mínimos, conservando la edad de jubilación en 57 años para mujeres y 62 para hombres, pero ordenó a la Cámara de Representantes revisar nueve artículos específicos, como la reducción de semanas para madres, en un plazo máximo de 30 días hábiles.
La respuesta definitiva por fin llegó, trayendo certezas y nuevos plazos. El complejo rompecabezas pensional no fue tumbado ni tendrá que iniciar su trámite desde cero; superó el examen judicial con siete votos a favor y uno en contra, aunque no salió totalmente ileso.
El corazón del nuevo modelo: Colpensiones como protagonista
El alto tribunal salvó el núcleo estructural del proyecto gubernamental, respaldando el fin de la competencia histórica entre los fondos privados y el sistema público. Ahora, el país transitará obligatoriamente hacia un modelo unificado de cuatro pilares: Solidario, Semicontributivo, Contributivo y Complementario.
Para el trabajador promedio, el cambio es drástico pero predecible. Quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos cotizarán exclusivamente en Colpensiones. Los ingresos que superen este sensible umbral irán a las administradoras privadas, creando un sistema de ahorro paralelo que busca darle sostenibilidad al modelo.
La angustia de tener que trabajar más tiempo quedó oficialmente disipada. La edad de jubilación se mantiene intacta: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, conservando también la tasa de cotización general del 16 % sobre el ingreso base.
Un respiro en el calendario: el salto hacia 2027
Lo que se prometía como un choque inminente para julio de 2025, chocó con la realidad de los despachos judiciales. La suspensión temporal del proceso obligó a reajustar los relojes operativos de todo el sistema financiero y estatal.
La Corte determinó que las disposiciones declaradas constitucionales comenzarán a regir el 1 de abril de 2027. Esta prórroga le entrega al Gobierno Nacional y a las administradoras un margen de maniobra crucial para adaptar su infraestructura tecnológica y operativa antes del apagón del viejo sistema.
Mientras esa fecha llega en el calendario, los cotizantes seguirán cobijados bajo las normas actualmente vigentes, alejando el fantasma de un traumatismo inmediato en los descuentos de nómina de los empleados.
El salvavidas de la transición y la puerta cerrada
El cambio de reglas no golpeará a quienes ya ven la meta de cerca. Se garantizó un robusto régimen de transición para proteger las expectativas de las mujeres que ya cuentan con 750 semanas y los hombres con 900 semanas cotizadas bajo los tiempos establecidos en la ley.
Para este grupo de ciudadanos, la nueva ley será transparente y se pensionarán bajo las condiciones que ya conocían. Sin embargo, para quienes buscaban aprovechar la ventana de oportunidad de traslado exprés entre regímenes, las noticias son definitivas.
“El plazo para presentar la solicitud terminó el 16 de julio de 2026. Por tanto, el fallo de la Corte no abre nuevamente el periodo para realizar traslados, sino que mantiene los efectos jurídicos del mecanismo para quienes alcanzaron a utilizarlo”.
De acuerdo con cifras de Asofondos, más de 166.000 trabajadores lograron saltar de régimen en esta etapa excepcional, moviendo sus ahorros mayoritariamente hacia el fondo público, aunque el traslado físico del dinero sigue bajo revisión del Consejo de Estado.
Las tareas urgentes que regresan al escritorio de la Cámara
Aunque la victoria legislativa del Gobierno es innegable, la reforma pensional salió con algunas raspaduras de procedimiento. Nueve disposiciones específicas y una proposición presentaron fallas comprobadas en su trámite y deberán ser corregidas de urgencia.
La Cámara de Representantes tiene ahora un implacable reloj de arena de 30 días hábiles para volver a discutir y votar, exclusivamente, los puntos señalados por los magistrados. No se podrá reabrir la totalidad de la ley.
Entre los temas más sensibles que vuelven al debate está el artículo 36, referente a la reducción de semanas para las madres. El beneficio, que permite descontar 50 semanas por cada hijo hasta llegar a un anhelado piso de 850 semanas, debe sanear su paso por el capitolio para ser una realidad.
También estarán bajo la estricta lupa legislativa el funcionamiento del Fondo de Ahorro administrado por el Banco de la República, el tratamiento diferencial para comunidades étnicas y campesinas, las comisiones de los fondos privados, y el espinoso límite a las exenciones de impuestos para las mesadas de más de 1.000 UVT.
El aval judicial despeja un camino que hace meses parecía intransitable, pero deja una lección incuestionable: legislar con premura tiene un alto costo procedimental. Si el Congreso logra corregir la plana antes de que termine la legislatura en junio de 2027, el país enfrentará la mayor transformación de su seguridad social en tres décadas. De lo contrario, el sistema nacerá con vacíos de forma que millones de colombianos en edad de retiro no se pueden dar el lujo de pagar.
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