A la Corte Constitucional llegó una demanda que busca que la ley 2098 del 06 de julio del 2021, la cual anunció el presidente Iván Duque y con la que se pretende castigar de por vida a los asesinos y agresores sexuales de menores de edad, sea eliminada.
Luego de que se radicara esta ley ante la Corte, ha generado una cantidad de debates en plena conmemoración de los 30 años de la Constitución Política del 1991, en la que precisamente se prohibió la pena privativa de la libertad de por vida.
El Colegio de Psicólogos, representado por Gloria Vélez y el Colegio de Abogados, representado por Francisco Bernate; son quienes se encuentran detrás de esta iniciativa en contra del Acto Legislativo 01 del 2020 en donde se modificó el artículo 34 que impedía las penas o los castigos vitalicios.
Los setenta profesionales de derecho y otros más de psicología que participaron en la elaboración de la demanda prometen desde ya un fuerte debate constitucional por la radicación de su petición, en donde el objetivo principal es tumbar la ley de cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad.
A través de la Agencia de Periodismo de Investigación (API), se dio a conocer los argumentos que llevaron a estos profesionales a reclamar ante la Corte Constitucional.
Dentro de las razones presentadas ante esta entidad judicial, es que el Congreso de la República es incompetente para realizar una acción de reformar la Constitución en un tema que para su juicio, puede ser un retroceso y un insulto al Estado Social de Derecho y a los fines que se promulgaron en la Asamblea Nacional Constituyente.
También hicieron mención en dos sentencias del alto tribunal constitucional del año 2002 y 2003, en las que afirman que aunque la constitución sí puede reformarse y que precisamente es la Corte la encargada de revisar estas deformaciones ajustándose a la carta del 91, no en todos los casos puede ser posible.
En pocas palabras, la demanda establece que en el pasado la Corte Constitucional ha establecido una diferencia entre modificar, incluir, eliminar o sustituir un artículo de la Constitución.
Pues para los abogados y psicólogos que buscan eliminar la cadena perpetua para los violadores en Colombia, no se trata de la modificación de un artículo sino de modificar la Constitución y para argumentar, se basaron en pronunciamientos pasados de la Corte Constitucional.
Otro de sus argumentos es que la reforma que se realizó en el Congreso va en contra de la Constitución, pues según los profesionales con esto se excluye totalmente a las personas que lleguen a ser sancionadas, yendo en contra de la dignidad humana. Los profesionales consideran que al momento que una persona reciba esta pena puede ser humillante, cruel y degradante contra el ser humano y que precisamente esto iría en contra de la Constitución de 1991.
Dentro de las argumentaciones que reposan en la demanda, también está que el poder de castigo del Estado tiene un límite y que en este caso el límite está en el deber de resocializar a los delincuentes y de contar con un plan de reincorporación a la sociedad, lo que puede acabar con la ley de cadena perpetua.
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