El Congreso de Colombia aprobó recientemente la Ley Anti Ruido, una normativa que busca reducir la contaminación auditiva en el país, especialmente causada por motocicletas con sistemas de escape modificados o defectuosos. La ley, que está a la espera de la sanción presidencial para su entrada en vigor, contempla multas económicas y la inmovilización de vehículos que incumplan los límites establecidos.
La ley prohíbe que las motocicletas superen los 86 decibeles, según la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud. Para garantizar el cumplimiento, los agentes de tránsito estarán obligados a utilizar sonómetros calibrados, ya que no podrán basarse únicamente en su percepción auditiva.
Entre las sanciones que establece la ley, se incluye un comparendo de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), equivalente a 1’423.500 pesos. Además, los conductores deberán asumir costos adicionales por el uso de grúas y el tiempo que el vehículo permanezca en los patios de tránsito.
Para garantizar la efectividad de la medida, la ley contempla un periodo de seis meses de pedagogía. Durante este tiempo, las autoridades realizarán campañas para informar a los ciudadanos sobre los alcances de la normativa y los pasos necesarios para ajustar los vehículos a los estándares permitidos.
Con la Ley Anti Ruido, se han definido límites claros de ruido dependiendo del tipo de zona:
Las sanciones para quienes infrinjan estas normativas van desde 8 hasta 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que equivale a multas entre 11 y 22 millones de pesos.
El Ministerio de Medio Ambiente tiene un plazo de año y medio para actualizar los niveles máximos de ruido establecidos hace 18 años. Entre las nuevas medidas se incluirán:
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Esta normativa tiene como principal objetivo mejorar la convivencia ciudadana, ya que el ruido excesivo es el segundo factor que más conflictos genera en los barrios, según un informe del Ministerio del Interior.
Además, la ley busca:
La Ley Anti Ruido pone un especial foco en los motociclistas, quienes representan uno de los mayores contribuyentes a la contaminación auditiva en Colombia. Sin embargo, la normativa abarca también a otras fuentes de ruido, como industrias y comercios, asegurando un enfoque integral para abordar el problema.
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