Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que viajó a Colombia, realizará entre el 8 y el 10 de este mes una visita a Bogotá, Cali y otras ciudades afectadas por la violencia, para verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos y reunirse con el Gobierno.
La esperada visita será un viaje de tres días donde la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, acompañada de varios altos cargos, se reunirá con «diversos sectores representativos de la sociedad colombiana», tanto gubernamentales como de la sociedad civil.
El primer encuentro de la CIDH fue hoy, antes de la gira oficial, con la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien explicó que «ha sido una reunión de instalación solicitada por el Estado colombiano».
Puntualizó que la audiencia tiene, entre otros objetivos, que la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo entreguen informes a la Comisión «de lo que ha sido el actuar de cada una de esas entidades» de lo ocurrido a partir del 28 de abril, cuando comenzaron las protestas y con ellas las denuncias de brutalidad policial.
ASEDIADOS POR MINORÍAS VIOLENTAS
La vicepresidenta, en declaraciones a la prensa luego de la reunión con la CIDH, reiteró que el Gobierno colombiano es respetuoso de las protestas pacíficas y brinda todas las garantías para su desarrollo.
Sin embargo, aseguró que Colombia «ha estado (desde el 28 de abril) realmente bajo el asedio de unos grupos minoritarios que se han aprovechado de la protesta válida de muchos jóvenes para generar desconcierto, caos, destrucción».
Así justificó que esas situaciones que están por fuera de la ley deben «contenerse, deben responderse por parte de las autoridades».
Mientras tanto, el alto consejero presidencial para la Estabilización y la consolidación, Emilio Archila, dijo a Efe que en la reunión expresó el ánimo del presidente de cumplir con los acuerdos con las antiguas FARC.
En las protestas una de las peticiones que le hacen al Gobierno es que debe acelerar la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Ejecutivo y las FARC en 2016, tras lo cual se convirtieron en el partido político Comunes.
A VARIAS CIUDADES
La visita, durante la cual un grupo de la misión se trasladará a Cali, Popayán, Tuluá y Buga, en el suroeste del país y donde se han visto las escenas más preocupantes durante las protestas, se produce después de que el Gobierno anunciara -el domingo- una «profunda transformación» de la Policía para adecuarse al marco internacional de derechos humanos.
«En la ocasión se buscará especialmente escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones», informó la CIDH.
PREOCUPANTE SITUACIÓN DE DD.HH.
Desde el comienzo de las protestas la Fiscalía ha reportado 20 muertos, mientras que organizaciones sociales como la ONG Temblores elevan el número a 74 víctimas mortales, sobre 45 de las cuales culpan directamente a la Policía, la mayoría de ellas ocurridas en Cali.
Esta organización también ha reportado casi 3.800 casos de violencia policial, 1.649 detenciones arbitrarias, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía, 65 víctimas con lesiones oculares y 25 víctimas de violencia sexual.
También hay mucha preocupación por la cantidad de reportes de desaparecidos, ya que la Fiscalía sigue teniendo abierta la búsqueda de 111 personas, y organizaciones de base reportan números más elevados y jóvenes que llegan, después de varios días retenidos por la Policía, con lesiones de supuestas torturas.
GESTOS POR PARTE DEL GOBIERNO
El día antes de que se produjeran las primeras reuniones entre la misión y la vicepresidenta, el presidente Iván Duque anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de reforma de la Policía.
Uno de los pilares de las reformas propuestas es el «uso legal y legítimo de la fuerza, con la incorporación de prácticas y estándares internacionales».
La Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) están en el ojo del huracán debido a múltiples denuncias que los señalan de uso desmedido de la fuerza, especialmente durante las jornadas del paro nacional que entra en la séptima semana.
Por otro lado, la visita de la CIDH también se da luego de que el Gobierno colombiano informó el domingo que el Comité Nacional de Paro (CNP) decidió «suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo», que, instalada hace casi un mes, no ha alcanzado acuerdo alguno para enfriar la crisis que vive Colombia.
Al anuncio del Gobierno el CNP respondió que suspendía la negociación porque el Gobierno «no está interesado y ha dilatado, a propósito, la negociación del pliego de emergencia».
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