Colombia – El jueves 11 de julio, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia la investigación de nueve congresistas, entre ellos el senador risaraldense Juan Pablo Gallo, por su presunta participación en el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este escándalo ha revelado un entramado de supuestos sobornos y corrupción que ha sacudido los cimientos del poder legislativo y gubernamental en Colombia.
Las acusaciones giran en torno a irregularidades en la contratación y adquisición de carrotanques destinados a abastecer de agua potable al departamento de La Guajira. La Fiscalía ha radicado la solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, el exsubdirector Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero. Estos individuos enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Investigación de Congresistas
La solicitud de la Fiscalía incluye la compulsación de copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para investigar la presunta participación de los siguientes congresistas:
- Iván Name (Alianza Verde)
- Andrés Calle (Partido Liberal)
- Karen Manrique (Circunscripción Especial – Asociación de Víctimas Intercultural y Regional)
- Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U)
- Wadith Manzur (Partido Conservador)
- Liliana Bitar (Partido Conservador)
- Julián Peinado (Partido Liberal)
- Juan Diego Muñoz (Alianza Verde)
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
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El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad política y la opinión pública, evidenciando serias fallas en los procesos de contratación pública y la transparencia gubernamental. Las explosivas declaraciones de varios exfuncionarios y el destape del entramado de sobornos han puesto en jaque la credibilidad de varias figuras políticas.
El senador Juan Pablo Gallo y los demás legisladores mencionados están ahora bajo la lupa, y la Fiscalía continuará con las investigaciones. Mientras tanto, la Corte Suprema indagará la presunta responsabilidad de los congresistas señalados por el ente acusador.
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