Una auditoría a la compra de 60.000 equipos en el gobierno de Iván Duque descubrió que el proveedor también manejaba la mesa de quejas, ocultando fallas críticas.
¿Qué pasó con el millonario contrato de Computadores para Educar del gobierno anterior?
Una investigación de la entidad Computadores para Educar (hoy Tecnologías para Aprender) descubrió un fraude en la orden de compra 101210 de 2022, suscrita durante el gobierno de Iván Duque por $45.000 millones con la firma Selcomp Ingeniería S.A.S. El contrato debía entregar 60.000 portátiles marca Compumax a colegios oficiales de Colombia, pero 41.259 equipos resultaron defectuosos con daños críticos como “pantallas azules” o fallas de encendido. La entidad declaró el incumplimiento total mediante la Resolución 120 de diciembre de 2025, recuperando $4.500 millones de la póliza con Seguros del Estado S.A., mientras la Contraloría y la Fiscalía avanzan en los procesos penales y fiscales.
Imaginar el salón de clases de una escuela rural o de un barrio periférico en cualquier rincón del país suele evocar la ilusión de la primera pantalla propia. Para cerca de un millón de estudiantes colombianos, la llegada de las cajas de cartón que albergaban los nuevos ordenadores prometía ser el puente definitivo para salir del aislamiento digital y conectarse con el resto del mundo. Sin embargo, al presionar el botón de encendido, la expectativa pedagógica se transformó de inmediato en una sucesión de error de encendido, pantallas azules (BSOD), bloqueos de sistema y terminales que jamás llegaron a arrancar, quedando reducidos a carcasas plásticas apiladas en los rincones de las salas de informática.
La revisión que destapó la chatarra tecnológica
El rastro de lo que inicialmente se reportó como fallas técnicas aisladas comenzó a ser evaluado con lupa a partir de los primeros meses de 2024. Tras asumir la dirección ejecutiva de la entidad, Óscar Sánchez ordenó una auditoría integral sobre la orden de compra 101210, un millonario convenio contractual que se firmó en los últimos meses de la administración de Iván Duque con el propósito explícito de dotar de herramientas tecnológicas a las instituciones públicas más vulnerables de los departamentos y municipios de Colombia.
Los hallazgos de las inspecciones técnicas desvelaron un panorama alarmante sobre la calidad del material adquirido. De las 60.000 unidades marca Compumax que el contratista debía ensamblar y distribuir, un total de 41.259 dispositivos presentaron fallas masivas de hardware y software que imposibilitaban por completo su uso en las aulas. Los componentes esenciales venían defectuosos de fábrica, convirtiendo una de las mayores apuestas de conectividad escolar de los últimos años en un inventario de basura digital inservible.
Le puede interesar: Conoce las características que debe tener un computador de alta calidad
El doble rol del contratista en el proceso
Más allá de los problemas de manufactura de los computadores, las indagaciones internas de Tecnologías para Aprender pusieron al descubierto un diseño operativo que bloqueaba las alertas del sistema educativo. El proveedor Selcomp Ingeniería S.A.S., encargado de vender los lotes de tecnología al Estado, operaba simultáneamente, bajo otra razón contractual, la mesa de servicio y soporte técnico de la entidad.
Esta duplicidad de funciones generó un conflicto de interés estructural. La misma compañía que distribuía los portátiles defectuosos en las regiones era la encargada de recibir, procesar y clasificar los reclamos y las actas de queja que enviaban los rectores y maestros desde las escuelas afectadas. El mecanismo permitió que la gravedad y la escala real de los daños masivos permanecieran ocultas durante meses en los servidores de reporte, impidiendo una reacción oportuna de las interventorías públicas.
Sanciones financieras y el llamado a los entes de control
Ante la acumulación de evidencias y peritajes informáticos, la actual Dirección Ejecutiva ejecutó las primeras acciones administrativas de fondo para salvaguardar el erario. A través de la expedición de la Resolución 120 del 19 de diciembre de 2025, la entidad declaró el incumplimiento absoluto de la orden de compra y activó las garantías legales del contrato.
Como primer resultado de esta medida correctiva, la firma Seguros del Estado S.A. desembolsó al amparo de cumplimiento la suma de $4.500 millones. De acuerdo con las directrices de la entidad, estos recursos económicos recuperados se destinarán de manera exclusiva a la compra de nuevo equipamiento técnico y a la reparación de los laboratorios escolares que resultaron afectados por el desabastecimiento.
“Este caso implicó una cantidad de recursos públicos enorme y afectó directamente a los estudiantes que esperaban estos computadores para potenciar sus aprendizajes. Por eso confiamos en que la Fiscalía actúe con celeridad y establezca quiénes deben responder”, señaló Óscar Sánchez, director de la entidad.
El proceso ya trascendió los despachos administrativos de la Carrera 13. El acervo probatorio recopilado en los últimos dos años fue trasladado a la Contraloría General de la República, institución que mantiene abierta una investigación fiscal formal desde abril de 2024. Asimismo, el caso se encuentra bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación para determinar las posibles responsabilidades penales de los particulares y exfuncionarios involucrados en la estructuración y supervisión del negocio.
Hacia un cambio de enfoque metodológico
El desmantelamiento de este esquema de contratación aceleró una reforma estructural en la arquitectura de la organización, que decidió modificar su denominación institucional a Tecnologías para Aprender como reflejo de una nueva estrategia pedagógica. Las directivas señalaron que los controles de calidad y la diversificación de proveedores serán los pilares para evitar que los dineros de la educación terminen capturados por intereses particulares.
“El país tiene derecho a saber qué controles fallaron en el pasado, quiénes participaron en esas decisiones y por qué miles de computadores comprados para cerrar brechas terminaron convertidos en basura digital”, subrayó el vocero de la entidad.
La transición metodológica busca reconstruir la confianza con los cuerpos docentes, las familias y las secretarías de educación locales de los municipios certificados del país, garantizando que los futuros procesos licitatorios cuenten con mesas de soporte técnico independientes de las empresas proveedoras de los equipos.
Deja tu comentario