El Fiscal General dela Nación (e), Jorge Fernando Perdomo Torres, afirmó que con la directiva institucional 003 los fiscales tendrán las herramientas para investigar correctamente los hechos que se comenten en el marco del conflicto armado. El documento aclara cuándo existe conflicto armado y entrega lineamientos para que las investigaciones sean realizadas de acuerdo con las normas y con los principios del DIH.
El jefe del ente acusador dijo que lo anterior implica que si la Fuerza Pública quiere realizar una operación en el marco del DIH tendrá que cumplir con los requisitos y los principios de precaución, distinción, proporcionalidad y humanidad y solo cuando estos se respeten en una operación, conductas como la pérdidas de vidas podrán ser atípicas y no habrá reproche penal frente a ellas.
“No es que estemos autorizando operaciones ni bombardeos, lo que se está haciendo en la Fiscalía es crear un marco normativo aplicando los instrumentos internacionales del Derecho Internacional Humanitario para que con base en ello la Fuerza Pública y los fiscales sepan cuál es el correcto ejercicio de la Fuerza”, explicó el Fiscal General de la Nación (e).
La importancia de emitir este documento base radica en que muchos de los casos que se investigan al interior de la Fiscalía en sus diferentes Direcciones tienen que ver con el conflicto armado y deben ser judicializados e investigados de acuerdo con las normas especializadas que han sido elaboradas por la jurisprudencia internacional y por los tratados internacionales que buscan morigerar la guerra y sus consecuencias nocivas.
La directiva aclara que para que una agrupación sea considerada como un grupo armado no debe contar con ninguna motivación ideológica o filosófica o que la existencia de un conflicto armado confiere algún estatus especial para las partes. Lo anterior se encuentra enmarcado en lo que se conoce en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
En su diálogo con los medios de comunicación, el representante del ente acusador informó que a la fecha la entidad ha generado más de 15 mil compulsas de copias a terceros civiles que participaron en el conflicto y de los que se ha tenido evidencia como consecuencia de la Ley de Justicia y Paz.
Asimismo dio a conocer que a raíz de esas compulsas se han dado, entre otros resultados, 1079 sentencias condenatorias, 78 absoluciones, 1.189 procesos en juicio y 1992 órdenes de captura vigentes por hechos relacionados con paramilitares.
Perdomo también aclaró que “con la existencia de una jurisdicción especial para tratar el tema de los terceros en el conflicto, se va a estudiar cuáles de estas compulsas se van a trasladar a esa jurisdicción, porque no pueden pasar personas que pertenecían a las estructuras del paramilitarismo porque el debate ya se encuentra cerrado; sin embargo, sí podrían pasar personas que sin ser miembros de la estructura participaron de ellas. Otras de las personas que podrían vincularse serían aquellas vinculadas a las FARC o el ELN, que hayan pertenecido o estén vinculadas y que estén constituidas en las redes de apoyo”.
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