El Gobierno frenó la instalación de tres nuevas cámaras en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, liderará una auditoría nacional para garantizar que los radares salven vidas y no sean simples cajas registradoras.
¿Qué pasará con las fotomultas en Colombia tras el anuncio del presidente Abelardo De la Espriella?
El presidente Abelardo De la Espriella ordenó frenar la instalación de tres nuevas cámaras de fotomultas en la Vía al Mar, corredor que conecta a Barranquilla con Cartagena. Además, instruyó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la Superintendencia de Transporte a realizar una revisión exhaustiva de la legalidad de todos los radares del país para evitar abusos y garantizar que su función sea la prevención de accidentes y no el recaudo financiero.
El freno en seco a las cámaras de fotodetección en el Caribe
Las alarmas estallaron recientemente en la costa norte. Las reiteradas quejas de los viajeros que transitan por la icónica Vía al Mar encendieron el debate sobre la verdadera utilidad de estos dispositivos de fotodetección. La inminente entrada en operación de tres nuevos radares de velocidad en el corredor entre Barranquilla y Cartagena fue la gota que rebosó la copa de la paciencia ciudadana.
Ante el clamor por lo que muchos conductores califican como cobros excesivos e injustificados, el Ministerio de Transporte decidió poner un freno en seco. Las nuevas cámaras no verán la luz por el momento, una decisión preventiva que rápidamente encontró un respaldo absoluto y contundente en la Casa de Nariño.
Un mensaje directo contra la maquinaria del recaudo
El presidente Abelardo De la Espriella no tardó en hacer eco de la indignación popular. A través de su cuenta de X, el mandatario le envió un mensaje directo a los alcaldes y secretarías de tránsito locales que ven en el acelerador de los conductores una fuente inagotable de ingresos fiscales.
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«Ya está bueno de tantos abusos», sentenció el jefe de Estado, dejando claro que no tolerará irregularidades en las vías.
Su instrucción gubernamental fue meridiana: los radares electrónicos tienen la obligación legal y moral de cumplir una función pedagógica y de prevención vial. El objetivo central de cualquier dispositivo electrónico en la carretera debe ser evitar tragedias, no consolidarse como un negocio disfrazado de autoridad de tránsito.
La lupa técnica sobre los radares de todo el país
La orden ejecutiva aterrizó en el escritorio de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, marcando el inicio de una auditoría sin precedentes. En un trabajo articulado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, el Gobierno desplegará una cacería de anomalías a nivel nacional.
La lupa oficial examinará los permisos vigentes, la señalización preventiva —que muchas veces está oculta o simplemente no existe—, la calibración de los límites de velocidad regulados y, sobre todo, la justificación técnica real para que una cámara esté instalada en un punto específico del territorio.
“La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”, argumentó la ministra Noguera.
Queda por ver si esta estricta intervención nacional logra desmontar finalmente las temidas trampas o si la burocracia regional peleará en los tribunales para mantener vivo este negocio.
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