El Valle del Cauca dejó de ser la entidad pública más demandada, según un informe del Tribunal Contencioso Administrativo del departamento, al pasar de 4.100 procesos que había en su contra en el 2016 en los diferentes despachos judiciales, a 2.800 en este año.
Esta reducción de procesos es el resultado de una serie de acciones de prevención de daño antijuridico que inició la Gobernación del Valle del Cauca con el grupo de abogados que han permitido responder cada una de las demandas en su contra. De esta manera, se ha logrado sanear en 200 mil millones de pesos el monto de las pretensiones económicas de los procesos.
De acuerdo con el informe presentado recientemente por el Tribunal Contencioso Administrativo, el Valle del Cauca salió del top 5 de las entidades gubernamentales con más proceso activos en los diferentes despachos.
Según Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Jurídico de la Gobernación, el resultado es satisfactorio porque se ha venido trabajando para evitar que los procesos continúen. “Ya no somos de las entidades más demandadas, anteriormente estábamos en el primero y segundo lugar. A raíz de la implementación de políticas de prevención hoy en día este deshonroso puesto ya no lo tenemos, ya hemos bajado mucho los niveles de demandas y eso hace que haya una recuperación sustancial en la gestión jurídica en el departamento”.
Aunque el informe no señala la posición dentro del escalafón en el que se encuentra el departamento, sí establece, por otro lado, que las demandas mas frecuentes son de índole laboral, reparación directa y acciones populares.
Actualmente existen 2.800 proceso activos de 4.100 que había hace tres años. Cada uno de esos procesos está siendo respondido por parte del grupo de abogados que tiene el Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca. “Hicimos un trabajo de depuración, de revisión, de organizar la casa, de mirar cuántos procesos en realidad existían, encontrándonos estos a raíz de un trabajo juicioso y disciplinado que hemos logrado hacer” señaló Vanegas.
Cabe recordar que, debido a las jornadas de prevención de daño antijurídico realizadas en los municipios de Cartago, Buenaventura, Tuluá y Palmira, entre otros, solo en el año pasado fueron 8 mil millones de pesos los que la Gobernación del Valle del Cauca logró ahorrar tras enfrentar los procesos judiciales que se encuentran en los despachos y cuyas decisiones fueron favorables para la administración seccional. En total, fueron 205 sentencias a favor en procesos que durante el año 2018 se lograron ganar.
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