EFE. El Gobierno colombiano debe ser consciente de que cuidar el medio ambiente es vital para salvaguardar su biodiversidad.
La región amazónica ocupa el 40 % del territorio nacional y es la menos poblada de Colombia por ser en su mayor parte selvática, condición que además de dificultar el acceso ha servido para preservarla de la devastación que han sufrido otras partes del país a costa del «progreso».
Sin embargo, en los últimos años esta reserva verde no ha escapado a la deforestación por parte grupos armados ilegales dedicados principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.
Por eso la gran estrategia del Gobierno para proteger sus selvas es la «Operación Artemisa», bautizada así en honor de la diosa griega de la caza, los bosques y los animales, y con la que se busca frenar la tala indiscriminada de árboles, combatir la minería ilegal y proteger su biodiversidad única en el mundo.
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«La conservación y protección de los recursos naturales es una prioridad del Gobierno colombiano», afirmó el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.
En 2018 se perdieron en Colombia 197.159 hectáreas de bosques naturales, lo que supuso una reducción de 22.814 con respecto a las 219.973 de 2017.
En el caso de la Amazonía, la reducción fue de 5.971 hectáreas, pues en 2017 fueron destruidas 144.147, y el año pasado fueron 138.176, cifra que si bien refleja una disminución muestra la magnitud del desafío que el país tiene en su campaña por preservar la parte que le corresponde del pulmón del planeta.
Conformada por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y parte del Vichada y del Meta, la importancia de la Amazonía es tal que de ella hacen parte diez Parques Nacionales Naturales.
Se trata de Amacayacu, Cahuinarí, Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, Río Puré, Nukak, Puinawai, Alto Fragua Indi-Wasi y Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi.
«La campaña Artemisa es el instrumento inicial con el cual se viene desarrollando la política de defensa y seguridad en materia de protección, preservación y persecución de aquellas organizaciones que atacan y destruyen el agua, la biodiversidad y el medio ambiente», afirmó el consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín.
Precisamente fue en la Serranía de Chiribiquete, un gigantesco Parque Nacional Natural de 4,2 millones de hectáreas declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la Unesco en 2018, que comenzó la operación.
En ese parque amazónico, ubicado entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, las autoridades lograron el mes pasado detener la deforestación de 1.556 hectáreas en un sector conocido como Sabanas del Yarí.
Los impactos que los delitos contra el medioambiente causan sobre el bosque húmedo tropical de Chiribiquete están asociados con la pérdida de la biodiversidad, la fragmentación de los ecosistemas y la contaminación del aire, el suelo y el agua, según Parques Nacionales, entidad que vela por el cuidado de estas reservas.
Es por eso que la acción del Estado en Chiribiquete ayuda a disminuir «las amenazas sobre especies de fauna propias del área protegida, como el jaguar, el puma, el tapir y la tortuga morrocoy», comentó la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda.
La Serranía de Chiribiquete tiene un papel fundamental en la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático ya que provee el 31 % del agua superficial de la Amazonía con una reserva hídrica estimada de 70.264 millones de metros cúbicos.
Artemisa también fue llevada a otros parques como el Sanquianga, en Nariño (fronterizo con Ecuador); el Paramillo, en los departamentos de Antioquia y Córdoba (noroeste), y el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (limítrofe con Venezuela).
«Este esfuerzo (la Operación Artemisa) viene de la mano con un proceso de transformación dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional porque en el pasado no eran el agua, la biodiversidad y el medio ambiente el punto central de sus esfuerzos», dijo Guarín.
En ese sentido, valoró que la política de defensa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) tenga entre sus prioridades la protección del medio ambiente.
El PND prevé que en 2022 las áreas sostenibles sujetas a conservación se dupliquen y que la tendencia de la deforestación caiga un 30 %. EFE
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