La influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, fue capturada por agentes del CTI de la Fiscalía y trasladada al búnker de la entidad tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia, que impone 5 años y 2 meses de prisión, se relaciona con los daños ocasionados por Barrera en una estación del sistema de transporte masivo TransMilenio de Bogotá durante las protestas sociales en hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019.
La Corte encontró a Barrera responsable de los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.
En redes sociales, Barrera confirmó la captura y expresó su tristeza: «Estoy muy triste, amiga. Me vine a trabajar todo el día en mi peluquería y, cuando iba saliendo, me cogieron los del CTI. Me dijeron que tengo una orden de captura. Les pedí que esperaran a mi abogado”.
Afectada por la situación, señaló su voluntad de resarcir los daños: «Yo siempre quise arreglar el tema de TransMilenio, pagarlo, mejorar. Estos últimos cinco años me dediqué a salir adelante, a crear empresa y generar empleo”.
Además de la pena de prisión, Barrera tiene prohibido el uso de sus redes sociales durante el tiempo de condena. Esta medida le impide generar ingresos mediante sus plataformas, donde suma más de 8 millones de seguidores en Instagram y TikTok.
La influencer, que logró consolidar un próspero negocio de keratinas y salones de belleza, enfrentará un duro golpe económico y social tras esta medida. Su emprendimiento se había convertido en uno de los referentes dentro de la industria cosmética colombiana.
El equipo de defensa de Barrera no ha emitido un comunicado formal sobre los pasos legales que seguirán tras la captura. Aún no se han esclarecido detalles sobre el operativo, aunque trascendió que durante la intervención en su peluquería se encontraron vidrios rotos, lo cual generó especulaciones sobre posibles disturbios previos.
La situación de Epa Colombia genera opiniones divididas en el país, evidenciando nuevamente el complejo debate sobre el manejo de justicia frente a figuras públicas que han cometido actos vandálicos pero también han contribuido al desarrollo empresarial.
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