Carlos Alberto Rentería Mantilla, alias Beto Rentería, fue por décadas uno de los principales capos del cartel del norte del Valle. El 5 de julio de 2010 fue capturado en Venezuela y posteriormente enviado a Estados Unidos. Allí negoció con el gobierno americano. Entregó a la justicia de ese país varios millones de dólares y rutas de narcotráfico. Fue además testigo clave en tres procesos. A cambio recibió una pena leve y ya está libre. Se tiene previsto que en febrero próximo retorne a Colombia.
¿El retorno a Colombia de un capo del cartel del norte del Valle?
El coletazo de sus acciones en el mundo de la mafia también se sintió en la familia de Beto Rentería. Su esposa, María Nury Caicedo, y sus dos hijas, Beatriz Eugenia y María Cecilia, estuvieron en la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por eso, el 31 de octubre de 2006 fueron incluidas en la Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT List). Es una lista negra de empresas y personas señaladas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico.
Según las autoridades de Estados Unidos y Colombia, entre 1994 y 2005 Rentería ingresó por lo menos 500 kilos de cocaína a Norteamérica. Una actividad que luego extendió a varios países centroamericanos. Por esa época el capo se presentaba como un próspero empresario en negocios de ingenios azucareros, transporte de carga y uno de sus fuertes era la propiedad de fincas ganaderas a nivel nacional.
Sin embargo, la denuncia por una posible extorsión y hurto agravado en un cuestionado negocio del propietario de la hacienda Santa Ana, un predio de 3.200 hectáreas, ubicada en el Magdalena Medio, en inmediaciones de Cimitarra (Santander) y cerca del municipio de Puerto Boyacá, pone nuevamente los reflectores sobre las actividades de un grupo que tendría relación con Beto Rentería y su retorno a Colombia.
El denunciante es Juan Carlos Posada, un ingeniero de la Universidad de los Andes que desde hace cerca de 20 años ha trabajado en diversas entidades del sector financiero, pensional y ambiental. Un profesional que alentado por uno de sus familiares buscó nuevas oportunidades de negocio en el sector agropecuario, que lo tienen en un laberinto judicial.
Todo comenzó en octubre de 2011, cuando el ingeniero fue enterado por su suegro, Fernando Arango González, de la compra y administración de una hacienda ganadera. El predio pertenecía a la sociedad Hacienda Santa Ana, de comerciantes con 25 años de tradición. Pero tenía problemas de pago de impuestos, hacía parte de una sucesión y el ganado era viejo y poco productivo. Pese a ello se logró un acuerdo y conformó una empresa familiar. En cifras, un negocio de $1.300 millones que se pagarían con una cuota inicial de $300 millones y el saldo a diez años.
Durante 2012 el ingeniero apoyado por su familia dedicó su trabajo a reconstruir la finca. Para ello hizo préstamos, contrató trabajadores, dividió potreros, cambió ganado o lo recibió al aumento y todo comenzó a marchar. Pero a finales del año vendría una mala noticia. Fue informado que el administrador de la finca, Jorge Hernán Salazar, anduvo en malos pasos con el “narco” Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Para evitar líos mayores lo despidió y como pudo el ingeniero asumió el manejo de la hacienda.
El negocio empezaba a enderezarse. Apalancado por créditos y trabajo constante, los números comenzaron a pasar de rojo a negro. Entonces apareció uno de los gestores iniciales del asunto, Fernando Arango, su suegro, solicitándole al ingeniero mayor remuneración, teniendo en cuenta que las cosas avanzaban. Para Arango no eran suficientes los $3 millones que recibía al mes, producto de la parte de un préstamo bancario que el ingeniero dice que solicitó por $200 millones, para satisfacer sus apetitos económicos
La sorpresa sería mayor el pasado 20 de enero cuando, según la denuncia, insatisfechos llegaron sorpresivamente a la finca, Arango, su hijo Ricardo Felipe, Jorge Hernán Salazar —antiguo administrador— y el veterinario Pedro Mejía. Allí se apoderaron de un computador con la información de la hacienda. “Yo estuve preso en Estados Unidos por narcotráfico, vine a sacarlo y a que me entregue mi dinero”, les dijo Arango a los trabajadores.
El problema se agravó pese a que hubo nuevas reuniones entre las partes para precisar la situación financiera de la finca. Sin embargo, vinieron reparos de ambos lados. El ingeniero fue acusado por su suegro de intentar asesinarlo y a cambio para no denunciarlo le pidió que le entregara la finca. El asunto se enredó más porque Arango le confesó además que había frenado un plan para asesinar al ingeniero Posada, ideado supuestamente por el antiguo administrador Jorge Hernán Salazar y Luis Giovanny Caicedo Tascón, quien fue un importante miembro del Cartel de Medellín.
Pero vendría una sorpresa mayor. El ingeniero denunció que en junio llegaron a la hacienda Santa Ana, Beatriz Eugenia Rentería Caicedo, hija del capo Beto Rentería, y su esposo Pedro Hernández, en compañía de varios hombres fuertemente armados que se identificaron como paramilitares y otro como miembro de la Oficina de Envigado.
“La señora Beatriz Rentería manifestó que mi esposa y yo debíamos firmar el traspaso en blanco de nuestra participación accionaria en la sociedad, dado que la finca pertenecía, en realidad, a su padre Carlos Alberto Rentería —alias Beto— (…) señalando que de negarme a firmar, lo haría ‘mi señora viuda’”, detalló el ingeniero en un documento conocido por El Espectador.
Casi con la pistola en la sien, no tuvo otra alternativa. Señala que apareció desde Cali el abogado Julio Rivera y le impartió las instrucciones para efectuar el traspaso de las acciones del negocio. Además de la transacción, 3.200 reses que había en la finca fueron vendidas, muchas de ellas falsificando permisos del ICA. El ingeniero no perdió la esperanza de luchar por el predio y obtener la devolución de unos dineros por las inversiones que le hizo a la finca sin éxito. Hizo un último intento y se comunicó con el abogado Rivera quien, según él, le aconsejó “comprar un seguro de vida para mí y para mis hijos”.
En los últimos meses, el ingeniero Posada vive un infierno. Avisó a la Policía Antinarcóticos, a la Fiscalía y hasta a un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, pero todo ha sido en vano. Su familia está desecha por las exigencias económicas y el accionar de su suegro Fernando Arango. Tiene miedo por su esposa e hijos. Las últimas dos cartas que se ha jugado han sido una denuncia por extorsión y hurto agravado y que el país conozca que hay un plan en el Magdalena Medio de un grupo de personas que se están apoderando a sangre y fuego de las haciendas.
Zona en permanente conflicto
El Magdalena Medio comprende los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander. También tiene pequeñas zonas ubicadas en Caldas, Cundinamarca y Tolima. Las poblaciones más importantes de la región son Barrancabermeja (Santander), La Dorada (Caldas) y Puerto Berrio en Antioquia.
Es una zona ganadera, agrícola y petrolera. De gran desarrollo, da salida a la Costa Atlántica. Desde la década de los noventa se convirtió en región dominada por las autodefensas, que llegaron a los diferentes departamentos luego de la prevalencia allí de los grupos armados ilegales Farc y Eln.
Nombres de un caso que no se ha radicado
Según el texto de la denuncia elaborada por los abogados que conocen el caso de la Hacienda Santa Ana a través del ingeniero Posada, las personas relacionadas que tendrían que rendir explicaciones a la justicia son Fernando Arango González y su hijo Ricardo Felipe Arango.
El documento señala además que son objeto de denuncia Beatriz Eugenia Rentería Caicedo y su esposo Pedro Hernández, de quienes indica tienen nacionalidad estadounidense. Allí también se cuestionan las actividades del abogado Julio Rivera.
Para el denunciante pudieron haber incurrido en la presunta comisión de conductas señaladas en el Código Penal, como extorsión con circunstancias de agravación sin perjuicio de otras conductas que puedan derivarse de los hechos denunciados y las modificaciones que luego de una investigación de Fiscalía.
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