En recorridos realizados por funcionarios de la CVC, se evidenció el crimen ecológico que se estaba realizando en un lote en área de influencia del humedal Bocas de Tuluá, ubicado en el corregimiento del mismo nombre, procediendo con la suspensión inmediata de la actividad.
De inmediato la CVC solicitó apoyo al grupo de Carabineros de la Policía Nacional, con el fin de intervenir y detener la actividad que estaba ocasionando el daño ambiental, llevándose a cabo un operativo en el que se observó como de manera inescrupulosa individuos habían erradicado aproximadamente 27 individuos de entre especies arbóreas, arbustos y rastrojos altos, de cuyo aprovechamiento forestal se extrajeron bloques de madera y carbón vegetal.
En el operativo fueron decomisados una motosierra, 33 bultos de carbón y cuatro bloques de madera, los cuales fueron dejados a disposición de la CVC en las instalaciones de la DAR Centro Norte.
Los detenidos comentaron que el administrador del predio les había dado a orden de cortar los árboles y les autorizó aprovechar el producto forestal como madera y quemar el resto para obtener carbón, con el fin de limpiar el lote para establecer un cultivo de caña.
la Policía dejó a orden de la Fiscalía a seis de los implicados
Andrés Mauricio Rojas Cañas, funcionario de la CVC, afirma que «es importante que la comunidad conozca el Estatuto de Bosque y Flora Silvestre del Valle del Cauca establece que: cuando se requiera realizar actividades de adecuación de terrenos con el objetivo de establecer cultivos, pastos o bosques y sea necesario erradicar vegetación arbórea incluyendo rastrojos altos en diferente estado de desarrollo, se requiere tramitar previamente ante la Corporación el correspondiente permiso. El desconocimiento de la normatividad no exime a las personas de la responsabilidad».
Por lo anterior la Policía dejó a orden de la Fiscalía a seis de los implicados y por parte de la CVC se les impuso una medida preventiva a tres de ellos, decomisándoles el producto forestal y la motosierra. Paralelamente se inició la respectiva investigación administrativa al arrendatario del predio como presunto infractor de la normatividad ambiental, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
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