El Diario | Pereira | 01 MAR 2015 – 8:25 am
A 16 meses de cárcel fue condenado el concejal Fernando Antonio Delgado de 55 años, quien fue sentenciado el día de ayer en horas de la mañana, gracias a una solicitud realizada por la Fiscalía 16 de Pereira, en donde refería que el hombre había cometido una conducta punible de hostigamiento por raza, religión, ideología política, origen nacional étnico o cultural, en una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Marsella el 14 de agosto del 2012.
Además el funcionario fue condenado a la misma cantidad de meses de inhabilidad en cargos públicos y a pagar 13,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes de multa, decisión apelada por el abogado defensor ante el Tribunal Superior.
En el acto judicial el Juez hizo un recuento de los hechos donde mencionó que Delgado quien lleva 14 años como Corporado, dijo en medio del debate en donde se trataba la invasión de la cancha del corregimiento Alto Cauca por parte de integrantes de la comunidad indígena de Suratena, quienes habían ido hasta el sitio porque no tenían un lugar seguro donde vivir momentáneamente ya que fueron víctimas de un derrumbe causado por una inundación en sus predios, que: “siendo sinceros, grupos difíciles de manejar como las negritudes, los desplazados y los indígenas, son un cáncer que tiene el Gobierno nacional y mundial…”.
La denuncia
El abogado Jorge Enrique Machado, impuso la demanda luego de estudiar el acta del Concejo y escuchar la grabación de Delgado. “Vi que era un delito grave y así fuera la primera vez que alguien interpusiera la denuncia de este tipo había que hacerlo (…) Desde el punto de vista jurídico no estuve de acuerdo con la condena, desde el punto de vista humano sí, el castigo que debe recibir es del pueblo”, afirmó. Además agregó que el alegato del defensor fue muy pobre.
Expresó que no cree en las disculpas del Corporado y que debido al proceso judicial que inició, tanto él como el Gobernador del resguardo indígena de Suratena William Niaza, han sido objeto de amenazas.
Defensa
Por su parte el abogado defensor dijo en el momento de apelación que el Concejal viene de una familia indígena, ya que varios parientes e incluso la madre son de dicha etnia, por lo que se contraría la afirmación de que el comentario fuera con ánimo de ofensa. Reiteró que lo que quería decir es que las problemáticas que afectan a las comunidades citadas son un cáncer para la comunidad nacional y global, y no sus integrantes.
Para Luis Alberto Palomeque, integrante del Movimiento Nacional Cimarrón, el hecho es histórico ya que pone un precedente necesario: “han ocurrido casos de racismo muy fuertes y no hubo la posibilidad de defensa y de que las víctimas fueran aceptadas en la comunidad, es más, es fuerte porque es un Concejal, es de combatir y apoyar un proceso educativo a nivel nacional e internacional”.
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