Un hecho, ocurrido el pasado martes 30 de septiembre, que en otro momento hubiera acaparado los titulares de los medios de comunicación, no fue siquiera registrado: la culminación del proceso de liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, que al gobierno de Juan Manuel Santos le tomó tres años, según confirmó a este diario Yesid Reyes, ministro de Justicia.
El deterioro de predios emblemáticos para la mafia, evidencia el desorden del Estado para manejarlos y sacarles provecho
“Ese día la representante legal de la DNE en liquidación, María Mercedes Perry, presentó el informe final de la liquidación y proyectó el acta de cierre del proceso. Desde el pasado 20 de julio, la nueva entidad que administra de los bienes incautados al narcotráfico en Colombia es la Sociedad de Activos Especiales, SAE”, explicó el Ministro.
Todo un ‘Frankenstein’
La DNE fue creada en febrero de 1990 por el Consejo Nacional de Estupefacientes con la finalidad de coordinar la estrategia nacional de lucha contra las drogas.
Entre sus funciones también estaba la delicada tarea de administrar los bienes que el Estado confiscaba a los narcotraficantes y sus familias, así como a los testaferros. Estos incluyen desde imponentes mansiones hasta aviones e hipopótamos. Según las últimas estadísticas reveladas por la DNE en julio de este año, suman 40.379 bienes en total.
De esa cantidad un total de 23.201 están representados en casas, apartamentos, locales, oficinas, bodegas, garajes, lotes y fincas, el resto, 17.178, en vehículos, motonaves, aeronaves, sustancias, sociedades, establecimientos y obras de arte.
El último director que tuvo la DNE antes de su liquidación, Juan Carlos Restrepo, aseguró que esa responsabilidad “excedió la capacidad de la institución” y llevó a que se generara un “enorme foco de corrupción”.
La debilidad más grande se detectó durante la etapa de extinción de dominio. Proceso que no depende de la DNE sino que es iniciado por la Fiscalía, la cual debe demostrar ente un juez, quien toma la decisión final, que los bienes fueron obtenidos con recursos provenientes de actividades ilícitas.
Esa decisión puede tardar entre dos años o dos décadas, tiempo en el cual la DNE debía velar por que los bienes de los mafiosos no perdieran su valor.
Es allí es cuando las manos de algunos políticos inescrupulosos entraron a saquear el inventario de la entidad, que hace cinco años, según cifras publicadas por la misma DNE, contenía un total de 74.000 bienes, casi el doble de los que entregó hace dos semanas.
En 2011 la Fiscalía reveló la existencia de una red criminal, conformada por 30 personas, la cual presuntamente se habría apropiado de lujosos bienes que reposaban en la DNE. Varios funcionarios, entre ellos dos exdirectores de la entidad, Carlos Albornoz y Omar Figueroa, están detenidos mientras la investigación concluye.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, investiga a varios congresistas que se habrían beneficiado del festín con los bienes incautados a la mafia.
Y aunque por ahora se desconoce la dimensión del saqueo en la DNE, la cifra tentativa que maneja el gobierno es de $3 billones. Según la Fiscalía, buena parte de esos recursos están en una fiducia fuera del país y se habrían utilizado para adquirir carros de alta gama (Maserati y Lamborghini), así como lujosas propiedades en Miami y Cartagena, entre otras.
¿Trasteando el desorden?
Ante los señalamientos históricos sobre malos manejos y la seguidilla de escándalos, el gobierno no tuvo más alternativas que liquidar la DNE, dicho proceso se aprovechó para separar las funciones y asignarles nuevos responsables.
Por un lado la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se encargará de la administración y aprovechamiento, a favor del Estado, del billonario inventario que hereda de la malograda DNE, el cual fue avaluado en $5.8 billones por la Contraloría General en mayo de este año. El seguimiento a los procesos de extinción de dominio estará a cargo del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
El País consultó a Carlos Iván Villegas, presidente de la Central de Inversiones del Estado, Cisa, quien está encargado de la SAE ya que ambas entidades están adscritas al Ministerio de Hacienda, para saber la magnitud del inventario recibido y las medidas que tomará para mejorar el manejo de los bienes, así como para evitar prácticas corruptas.
“La SAE recibió mediante actas de entrega unas bases de datos con información de los activos de la DNE, las mismas que serán objeto de estudio y depuración de nuestra parte, luego de lo cual podremos saber las cantidades de lo recibido. Los valores serán objeto de avalúo según cada caso. Además, esas cantidades y valores son continuamente variables debido a los cambios en el inventario por nuevas operaciones en la lucha contra el crimen así como por ventas y/o devoluciones”, explicó Villegas.
Cuestionado sobre por qué tan solo al 18% de los bienes incautados al narcotráfico se le ha podido extinguir el dominio, Villegas señaló que “no tengo control ni involucramiento alguno en el portal de la DNE (donde reposa el último inventario que se tomó como base para esta investigación) por lo cual no puedo hacer un pronunciamiento al respecto. En los estudios de las bases de datos que nos entregaron sabremos cuáles han sido extinguidos y cuáles no. El proceso de extinción de dominio lo inicia la fiscalía y su terminación es por decisión de un juez. Son procesos ajenos a SAE”.
El País indagó al funcionario por el costo de administrar el inventario y sobre quién asumirá las deudas por impuestos u otros conceptos que tengan los bienes que allí reposan.
“El valor de la administración de los activos es variable dado que los activos son variables. Los activos tienen ingresos que se generan por la productividad obtenida a través de ventas y/o arriendos de los mismos, lo cual permite el cubrimiento de los gastos de la administración. Respecto a los temas impositivos de los inmuebles resulta pertinente aclarar que al respecto operan exenciones legales para bienes del Fondo para la Rehabilitación, la Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, por lo que se hace su identificación y reconocimiento cuando hubiere lugar, lo cual corresponde a un trámite de seguimiento y control que SAE ya tiene proyectado”, concluyó Villegas.
El Director encargado de la SAE dijo que los ciudadanos interesados en comprar o alquilar algunos de estos inmuebles podrán hacerlo “a través de procesos que convocaremos y serán ampliamente públicos, ajustados a los mecanismos de venta y arriendo establecidos en la normatividad vigente en Colombia para tal fin”.
Y sobre la posibilidad de que antiguos narcotraficantes o sus familiares y sus testaferros intenten recuperar algunas propiedades o bienes a través de la coerción o la corrupción, Villegas fue enfático al afirmar que “la respuesta a cualquier intento de los anteriores dueños será responsabilidad de la fuerza pública, ya sea la Policía Nacional o, eventualmente, del Ejército Nacional”.
El brillo perdido
Miguel Andrés, uno de los hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, consultado para este informe, lamentó que algunas de las propiedades que pertenecieron a su familia se encuentren abandonadas e invadidas.
“No entiendo por qué el Estado administró tan mal esos bienes, al punto que han perdido mucho valor, por ejemplo, la casa que mi padre tuvo frente al lago en Ciudad Jardín, donde había una cancha de fútbol con pista de tartán hoy funcionan una floristería y un parqueadero, y al parecer el resto está invadida… la casa de mi tío en la Circunvalar, cayéndose a pedazos… la casa de mi mamá, totalmente en ruinas… entregamos esos bienes como parte del acuerdo para resarcir lo que estuvo mal… hoy son elefantes blancos que sirven a otros para enriquecerse, eso no está bien”.
En total son 7802 inmuebles los incautados en el Valle. Están avaluados en $1.9 billones y hay fincas, lotes, casas, apartamentos, oficinas, bodegas, así como locales comerciales, los cuales están ubicados en 41 de los 42 municipios del departamento. Solo en Argelia, al norte del Valle, no hay propiedades decomisadas.
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