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Seis proyectos por más de $100 mil millones estarían en riesgo de incumplimiento: Procuraduría

La Procuraduría alerta en Risaralda, porque al menos seis proyectos por valor de $101 mil millones financiados con recursos de regalías en riesgo de incumplimiento.

Las obras están relacionadas con construcción de viviendas, pavimentación de vías secundarias y terciarias, adecuación de escenarios culturales y dotación tecnológica para centros educativos.

La Procuraduría General de la Nación encontró que hay por lo menos seis proyectos en el departamento de Risaralda financiados con recursos de regalías que presentan alto riesgo de incumplimiento de su alcance por parte de sus ejecutores, relacionados con construcción de viviendas, pavimentación de vías secundarias y terciarias, adecuación de escenarios culturales e implementación de herramientas digitales para centros educativos. 

En visita de inspección en campo realizada al departamento de Risaralda por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Sistema General de Regalías y su Grupo Especial de Seguimiento (GES SGR), se pudo establecer que el ambicioso proyecto, Construcción de Vivienda “Hogares para Todos, cuyo objetivo es beneficiar a 1.568 habitantes de los municipios de Mistrató,  Belén de Umbría, La Celia, Pueblo Rico y Santuario, con la construcción de 509 viviendas por $32.754 millones ejecutado por la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR, se encuentra suspendido con un avance de ejecución del 70% con el riesgo de no poder ser entregada la totalidad de estas viviendas, teniendo en cuenta que la urbanización ubicada en el municipio de Santuario con alrededor de 100 viviendas no ha iniciado su ejecución debido a falencias en la formulación del proyecto  que no han permitido la expedición de la licencia de urbanismo.

Otro de los proyectos paralizados es el construcción y dotación de dos teatros en Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico, para el beneficio de toda la población por $11.826 millones, cuyas obras se encuentran suspendidas hace nueve meses por diferencias entre el contratista y la Gobernación de Risaralda, entidad responsable de su ejecución. La Procuraduría encontró que no hay claridad con respecto a la fecha de terminación y entrega a la comunidad de las obras y que se aprecia abandono de las instalaciones y de los equipos adquiridos los cuales corren el riesgo de deterioro, que generaría sobrecostos para su culminación. 

Vías inconclusas en Risaralda

El OCAD Paz aprobó en 2018, el proyecto para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Mistrató, destinando para ello $3.133 millones, el cual comprende tres sectores: Mampay San Antonio Aracay, El Jardincito y el Caucho se encontró que luego de cinco años, el tramo del sector El Caucho, está suspendido desde noviembre del 2020 por deficiencias en los estudios geológico y geotécnico, que presuntamente no habría considerado la presencia de una falla geológica en el terreno, lo que derivó en la pérdida de 100 metros de vía y que generaría riesgo en la funcionalidad y operación en el tramo ubicado en el sector.  

Situación similar ocurre en el proyecto de adecuación de vías secundarias y terciarias en los municipios de Dosquebradas, Marsella y Santuario, cuyo costo inicial fue de $21.125 millones, ha tenido que ser adicionado en $7.344 millones por cuenta de posibles fallas en los estudios iniciales observándose que en el tramo conocido como El Japón–Frailes, jurisdicción de Dosquebradas, hay deficiencias relacionadas con la adecuación hidráulica y tipos de pavimento, sin que a la fecha haya sido entregado a satisfacción. 

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​Educación en pausa

El proyecto para la Implementación de herramientas digitales para mejorar la calidad educativa en Risaralda por valor de $5.756 millones, debería estar beneficiando a 12.600 estudiantes y 500 docentes de 18 instituciones educativas públicas de este departamento con una plataforma de educación virtual, mediante la cual podrían crear, administrar, almacenar, distribuir, gestionar y evaluar sus actividades académicas de formación en matemáticas, ciencias naturales, lectura crítica, sociales y ciudadanas durante al menos cinco años. 

Sin embargo, por cuenta de una contratación presuntamente irregular, sumado a que se ha presentado ausencia y en algunos casos intermitencia en el servicio de internet, el proyecto ejecutado por la Gobernación de Risaralda no se viene desarrollando según las condiciones técnicas de su aprobación, teniendo en cuenta que se evidenció la utilización de contenido pregrabado, uso del Internet y de equipos de propiedad de los estudiantes, así como obsolescencia de la tecnología. Adicionalmente el proyecto no habría contemplado acceso para la participación de estudiantes en situación de discapacidad.

El otro proyecto corresponde al sector de Ciencia y Tecnología y está orientado a la implementación de un Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en agroindustria para el departamento de Risaralda, ejecutado por la Universidad Tecnológica de Pereira con un valor de $19.060 millones que se financian con regalías y recursos de la Universidad, para 2800 beneficiarios el cual fue aprobado en el año 2019, cuyo avance físico a la fecha es del 47%, identificándose falencias en los estudios y diseños iniciales, por ejemplo relacionados con que no contemplaba con la red contra incendios – RCI y otros elementos requeridos para su funcionamiento, que generaron cambios en los diseños, para lo cual se requieren recursos adicionales para terminación. En la actualidad los equipos entregados se encuentran almacenados en diferentes espacios de la Universidad sin uso y a la espera de la culminación de las obras para su entrega y operación.

Frente a estos hallazgos, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Sistema General de Regalías define las acciones preventivas y disciplinarias que se requieran para garantizar la pronta finalización y entrega de estos proyectos a las comunidades beneficiarias, la protección de los recursos en riesgo y la responsabilidad disciplinaria que puedan tener los funcionarios públicos encargados de ejecutarlas.

Fuentes consultadas
Procuraduría General de la Nación

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