Mayor apoyo del gobierno nacional para disminuir hacinamiento en cárceles del Valle

CiudadRegion.com | Cartago | 03 DIC 2014 – 7:30 am

Ante los informes presentados por el Consejo Departamental de Seguridad sobre la situación carcelaria en la región, donde se muestra un crecimiento imparable en el hacinamiento de reclusos, el gobernador del Valle, Ubeimar Delgado Blandón propuso reevaluar la normatividad carcelaria que permita verificar la situación de las personas sindicadas independientemente de las condenadas.

Nos preocupa que mientras que en Cali, por ejemplo, el cupo es para 1667 reclusos, los internos superan los 6.000

“Nos preocupa que mientras que en Cali, por ejemplo, el cupo es para 1667 reclusos, los internos superan los 6.000, igualmente en todo el Valle del Cauca incluido Cali y Buenaventura tenemos un poco más de 9000 cupos carcelarios y hay más de 17000 reclusos, eso algo inhumano y una bomba de tiempo, allí hay un problema de legislación sobre los sindicados porque estos son más que los condenados, obviamente se debe examinar cada caso en particular, pero debe existir una legislación sobre fianzas, pólizas y sobre sindicados domiciliarios, entre otros aspectos”, indicó el gobernador del Valle, Ubeimar Delgado Blandón.

El gobernador también propuso enviar una solicitud al Gobierno Nacional para que se gestionen mayores recursos que permitan atender este comportamiento carcelario. “Hemos acordado en este Consejo de Seguridad escribirle al Presidente Juan Manuel Santos para que dé precisas y claras instrucciones al Ministerio de Hacienda y se transfieran recursos al Ministerio de Justicia y a las entidades respectivas con el fin de mejorar esa situación”, puntualizó el Mandatario.

Otro tema que trató el Consejo Departamental de Seguridad es el de la pólvora, en ese sentido el Gobernador expidió el Decreto No. 1408 del 1 de diciembre de 2014, donde se prohíbe el uso y la manipulación de la pólvora y elementos pirotécnicos elaborados con fósforo blanco u otras sustancias que produzcan detonación y explosión, por considerarlas grave amenaza contra la vida, integridad física y salud de las personas en especial de los niños, las niñas y los adolescentes. En el decreto se invita a las autoridades locales a tomar las medidas respectivas y a expedir los actos administrativos correspondientes.