El Tiempo | Bogotá D.C. | 02 AGO 2018 – 8:17 am
Los constructores y la administración municipal de Pereira continúan enfrascados en una discusión por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de esta ciudad, aunque es posible que lleguen a acuerdos en algunos puntos.
El martes pasado, en el Concejo Municipal se realizó un foro para analizar la situación.
Para Víctor Baza Tafur, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), seccional Risaralda, desde la entrada en vigencia del acuerdo 035 de 2017 (el nuevo POT) hay un impacto en la dinámica del sector de la construcción ya que existe disminución del licenciamiento de proyectos en la ciudad. “Se trata de que la norma POT que nos regula esté en sintonía con el desarrollo, no puede ser una talanquera”, afirmó.
El vocero gremial manifestó que esperan que el gobierno local acepte revisar algunos puntos de la hoja de ruta del desarrollo de la ciudad.
Son dos puntos los que básicamente separan a los constructores y la administración municipal: los retiros (distancias) de corrientes hídricas -que se está reglamentando en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder)- y los deberes urbanísticos, las compensaciones económicas que deben pagar por el derecho a construir.
La secretaria de Planeación de la Alcaldía de Pereira, Claudia Velásquez, resaltó que el POT “fue el producto de un trabajo conjunto, durante varios años, con todos los sectores de la población, entre ellos el de la construcción, (y) hubo oportunidad de una gran discusión sobre todas las disposiciones del acuerdo 35”.
Velásquez destacó que el POT de Pereira es moderno, de segunda generación, que incorpora la gestión del riesgo y una plataforma ambiental.
La funcionaria agregó que el POT “tendrá sus dificultades al inicio de su aplicación, pero pensaría que no debería ser motivo de revisión sabiendo que apenas lleva un año de haberse aprobado”.
El punto que se está revisando es el de los deberes urbanísticos. La propuesta de la Alcaldía es que los constructores hagan acuerdos de pago con la Secretaría de Hacienda para que paguen esos deberes después y que no sea una restricción a la hora de que los constructores tramiten las licencias de sus proyectos.
El pago de los derechos urbanísticos y áreas de cesión son de causación inmediata, es decir, los constructores los deben pagar antes de iniciar obras.
Para Velásquez hacer cambios en ese punto es modificar el POT estructuralmente porque se toca la ocupación del territorio.
La secretaria de Hacienda, Dora Ospina, quien antes era la tesorera del Municipio, dijo que cuando llegó al segundo cargo la cartera morosa de los constructores con la administración es de 2.600 millones de pesos, de los cuales se han logrado recuperar 700 millones. Esa cartera es difícil cobro, según Ospina, porque muchos de los deudores son empresas que ya no existen, consorcios que se constituyeron para desarrollar un proyecto y se disolvieron. Es decir, no hay a quien cobrarle.
Por su parte, Luis Fernando Ossa, uno de los ‘pesos pesados’ de la construcción en Pereira, aseveró que el POT “tiene cosas buenas, tiene cosas bastante inconvenientes que se reflejan en la disminución de más del 50 por ciento de las licencias, es un POT netamente fiscalista y restrictivo”.
Ossa afirmó que “la administración municipal y el POT tienen la obligación de ordenar el territorio, pero esta ni el Concejo tienen facultades para generar restricciones al comercio, los servicios”.
El constructor señaló que se deben reglamentar algunos puntos del POT, no hay planes maestros de servicios públicos, de equipamiento, de áreas recreativas. “Lo único a lo que se limita el Municipio es a emitir ‘ordenanzas’ para poder, con su propia interpretación, restringir más aún la posibilidad de hacer empresa en el sector de la construcción”.
Al final de la discusión se acordó seguir analizando. en mesas de trabajo, las revisiones del POT.
Deja tu comentario