El Tiempo | Bogotá D.C. | 07 DIC 2018 – 8:54 am
Después de varios meses de investigación, pero de también de varios años de haber sido denunciado, comparecerá ante un juez Johan Stiven García Puerta, presunto estafador y presunta falsa víctima del conflicto interno armado.
García estafó, según el director seccional de Fiscalías en Risaralda, Jorge Mario Trejos, a cerca de 200 personas, con al menos cuatro planes de vivienda inexistentes y que respaldaba con fundaciones. La más reconocida de estas es Asovipaz.
Trejos agregó que García fungía como defensor de derechos humanos y líder de personas en condición vulnerable y de escasos recursos, pero a quienes supuestamente defendía, los estafaba.
De a 2 ó 3 millones de pesos, que les pedía a quienes embaucaba, amasó ganancias por unos mil millones de pesos. Sin embargo, ese monto podría aumentar mucho más cuando se conozca de más víctimas.
Con García fueron capturados sus padres de este y su hermana, el contador y la secretaria de “un clan familiar dedicado a concertar para estafar, que tenía el liderazgo de García”.
La fachada de la organización era ofrecerle a los incautos planes de vivienda para los cuales él gestionaba subsidios, que para hacerlos efectivos supuestamente, debían darle altas sumas de dinero.
García y las otras cinco personas serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de estafa agravada, urbanización ilegal, enriquecimiento ilícito, captación masiva ilegal, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, gestión indebida de recursos sociales y administración desleal.
“La Fiscalía logra demostrar y así lo haremos valer en la audiencia, que podemos hablar de un recaudo superior a los mil millones de pesos en los últimos dos años”, dijo Trejos.
García inició su historial delictivo en el 2010, en Medellín (de donde es oriundo), con la venta de planes de vacaciones a la isla de San Andrés, los cuales no cumplió y tampoco devolvió el dinero que recaudó. Por este caso hay varias denuncias.
Luego se radicó en Pereira, en donde, haciéndose pasar como desplazado por la violencia, se convirtió en defensor de víctimas, desplazados, líderes sociales, negritudes y población LGBTI. Fue candidato al Concejo de Pereira enarbolando la bandera de la defensa de los grupos que decía ayudar.
El cuestionado líder tenía un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, que ya la fue retirado. Y es que también está sindicado, en dos casos, por el delito de falsa denuncia. Hace unos meses, aseveró ante las autoridades que había sido secuestrado por su labor como defensor de víctimas. Por este hecho, se le abrió un proceso diferente.
A la pregunta de si la Fiscalía se demoró en la investigación, Trejos explicó que el objetivo “era capturar a todas las personas comprometidas en este caso, recoger información de varios departamentos y llegar a más de 5 mil horas de grabación para dar este resultado”.
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