El presidente Abelardo de la Espriella suspendió la entrada en vigencia de los CALE, una norma que disparaba el precio del trámite hasta en $900.000. Sin embargo, la decisión mantiene las antiguas y cuestionadas reglas de evaluación en un país golpeado por la alta accidentalidad.
¿Por qué el Gobierno suspendió el nuevo examen para sacar la licencia de conducción en Colombia?
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella suspendió los nuevos exámenes de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) porque encarecían el trámite hasta en $939.736. Aunque la medida evita un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos en todo el territorio nacional, la decisión frena la implementación de pruebas rigurosas para reducir la accidentalidad vial y pone bajo la lupa un polémico contrato interadministrativo entregado a la UNAD sin competencia abierta.
El bolsillo respira, pero las carreteras siguen en riesgo
En Colombia, la imprudencia y la falta de pericia detrás del volante cobran a diario un alto precio en vidas. Peatones, ciclistas, motociclistas y ocupantes de vehículos son víctimas constantes de un sistema que, históricamente, ha sido permisivo a la hora de otorgar el permiso de conducir.
Precisamente, corregir esa deficiencia estructural era el corazón de la norma que hoy queda archivada. El objetivo de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) era instaurar un filtro verdaderamente exigente, garantizando que únicamente quienes demostraran un conocimiento absoluto de las normas y una capacidad de reacción óptima pudieran encender un motor.
Al aplazar estos controles, el país deja en pausa la oportunidad de reducir los accidentes de tránsito mediante una evaluación estricta, manteniendo el riesgo latente de que personas sin la preparación adecuada continúen circulando libremente por las vías nacionales.
Con la suspensión del decreto, el ecosistema vial colombiano mantendrá su statu quo. La forma de examinar a los solicitantes continuará bajo los parámetros tradicionales, carentes de la verificación milimétrica que proponía el nuevo modelo logístico.
La factura oculta: esto iba a costar el nuevo pase
Si bien el argumento de la seguridad vial es irrefutable, el peso económico de la medida resultó alta e insostenible para la mayoría de ciudadanos. El detonante para congelar el proyecto fue el agresivo incremento tarifario que golpearía directamente la economía popular.
Las nuevas evaluaciones se estructuraron en Unidades de Valor Básico (UVB). Al fijar el Ministerio de Hacienda cada UVB en 12.110 pesos para este 2026, la conversión a dinero real reveló incrementos que encarecían el trámite de forma prohibitiva para la clase trabajadora:
- Examen teórico (Todas las categorías): Fijado en 9,40 UVB, representaba un cobro base e ineludible de $113.834 solo por presentar la prueba de conocimientos.
- Motocicletas (A1 y A2): La prueba práctica oscilaba entre 36,80 y 42,00 UVB, sumando a los mototaxistas y ciudadanos un sobrecosto de entre $445.648 y $508.620.
- Particulares y servicio público (B1 y C1): El examen para automóviles y camperos se ubicó entre 43,50 y 50,40 UVB, costando entre $526.785 y $610.344.
- Camiones y buses (B2 y C2): Quienes aspiraban a manejar vehículos de pasajeros o carga media enfrentarían tarifas entre $579.869 y $670.894.
- Tractomulas y articulados (B3 y C3): El desembolso más drástico recaía sobre el transporte pesado, con valores fijados entre $800.713 y $939.736 adicionales por aspirante.
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Un contrato bajo sospecha frena el sistema
Pero el naufragio de la norma no obedeció únicamente a razones financieras. La Casa de Nariño puso una lupa rigurosa sobre la filigrana legal del contrato que entregaba la operación de este millonario sistema en todo el territorio nacional.
Las autoridades detectaron que el andamiaje jurídico, estructurado mediante un contrato interadministrativo, entregaba el monopolio operativo a un único actor: la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Este compromiso a largo plazo desató un torbellino de reclamos y cuestionó la transparencia del proceso.
Otras universidades públicas, que manifestaron cumplir con todos los requisitos técnicos y logísticos para operar los CALE, fueron marginadas del esquema. Esta exclusión derivó en una cascada de acciones de tutela, denuncias formales y solicitudes de revocatoria que terminaron por erosionar la viabilidad del proyecto.
Hoy, la exigencia de acudir a los nuevos centros evaluadores es letra muerta. Los ciudadanos que necesiten expedir por primera vez o renovar su licencia de conducción podrán hacerlo bajo las tarifas y reglas habituales.
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