El corredor estratégico enfrenta su momento más crítico. El gremio denuncia que, a pesar de los anuncios de militarización, los conductores de carga y pasajeros viven amenazados y las pérdidas por cada bloqueo superan los $3.000 millones.
¿Por qué hay crisis de seguridad en la vía Risaralda-Chocó y qué denuncian los transportadores?
La crisis de seguridad en el corredor vial que conecta a Risaralda con el Chocó se agravó debido a que, a los constantes ataques y quemas de vehículos atribuidos al ELN, ahora se suman extorsiones e intimidaciones contra los conductores. La Confederación Nacional de Transportadores de Carga y Pasajeros denunció que cada bloqueo genera pérdidas por $3.000 millones, exigiendo al Gobierno Nacional verdaderas garantías de seguridad ante el abandono estatal.
El asedio armado ahoga el corredor estratégico
La ruta nacional que conecta a Risaralda con el departamento del Chocó atraviesa uno de sus capítulos más sombríos. Al oscuro historial de bloqueos armados y vehículos reducidos a cenizas por facciones de la guerrilla, se acaba de sumar un eslabón aún más asfixiante: la extorsión sistemática en plena vía Panamericana.
Las empresas transportadoras y los conductores independientes han comenzado a recibir exigencias económicas e intimidaciones directas bajo amenaza de muerte o destrucción de sus equipos. Este hostigamiento ha paralizado la tranquilidad del gremio, que ve cómo la violencia ya no es un riesgo esporádico, sino un impuesto criminal obligatorio que frena bruscamente la operación de carga y el traslado de pasajeros.
Millones esfumados bajo el fuego y la amenaza
La matemática del terror en esta región es devastadora para la economía de ambos departamentos. No se trata únicamente del dinero exigido por los grupos ilegales para permitir el libre tránsito, sino del impacto logístico en cadena que sufre el occidente del país cuando los criminales deciden atravesar un camión en la vía e incinerarlo como muestra de poder.
“Tenemos un problema grande con el gobierno nacional, que la vía entre Risaralda y Chocó las tienen totalmente abandonadas y por eso estos grupos se atreven a salir y a acabar con el sector transportador”, sentenció Juan Diego Ortiz, integrante de la Confederación Nacional de Transportadores de Carga y Pasajeros.
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Las cuentas de los transportadores encienden todas las alarmas. Según las proyecciones del gremio, cada jornada de bloqueos, cierres forzados de carretera o quema de automotores se traduce en pérdidas que rondan los $3.000 millones. A este descalabro financiero directo se suma el retraso crítico en el transporte de mercancías, el riesgo inminente de desabastecimiento en el Chocó y el peligro vital que enfrentan cientos de familias viajeras que quedan a merced del fuego cruzado.
Un refuerzo militar que no disipa el miedo al volante
En un intento por calmar los ánimos y devolver el orden institucional, las autoridades nacionales y locales anunciaron semanas atrás un refuerzo operativo con mayor presencia militar y policial a lo largo de este estratégico corredor limítrofe.
Sin embargo, desde las cabinas de los tractocamiones la percepción de la realidad es radicalmente distinta. Los transportadores aseguran que las medidas oficiales son paños de agua tibia que no han logrado contener la escalada armada ni desarticular las redes de extorsión que operan con total impunidad. El miedo sigue viajando como copiloto constante en cada ruta despachada.
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