El Inpec halló una excavación en un lote baldío que apuntaba directamente al pabellón 3 del penal. Aunque el hallazgo coincidió con otra estructura similar en Ibagué, el Ministerio de Justicia descartó una red nacional de escapes y confirmó que ningún recluso logró evadirse.
¿Qué pasó con el túnel encontrado en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá?
Este domingo 19 de julio de 2026, el Inpec descubrió un túnel subterráneo en un lote aledaño a la cárcel Peñas Blancas, en Calarcá, Quindío, dirigido hacia el pabellón 3. La excavación, detectada gracias a un informante y a labores de monitoreo, fue interceptada antes de que se concretara una fuga. La ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque, confirmó el traslado preventivo de reclusos de alto riesgo y descartó un escape coordinado, pese al hallazgo simultáneo de otra estructura ilegal en la cárcel de Ibagué, Tolima.
El eco de las palas bajo el lote baldío
La alerta no llegó por los sensores de movimiento, sino por el instinto de la guardia y la filtración de un informante anónimo. La información preliminar apuntaba a movimientos extraños en un lote baldío contiguo a las instalaciones judiciales, un punto ciego que los delincuentes intentaron aprovechar para iniciar su obra subterránea.
Al inspeccionar el terreno, los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se toparon con una excavación que utilizaba técnicas convencionales. No era un simple agujero en la tierra; la trayectoria estaba milimétricamente trazada para conectar el exterior con el Pabellón 3 del penal, un área crítica dentro de la estructura carcelaria de Peñas Blancas.
La rápida intervención permitió que las autoridades interceptaran el socavón antes de que lograra vulnerar los muros de contención o romper la superficie de los patios. La tierra fue removida, pero el plan quedó sepultado antes de que un solo recluso lograra respirar el aire de la libertad en el municipio quindiano.
El fantasma de una fuga sincronizada
La tensión que se vivía en las afueras de Calarcá escaló rápidamente a los pasillos del alto gobierno en Bogotá cuando los radios de comunicación reportaron una coincidencia perturbadora. Casi de manera simultánea, a poco más de cien kilómetros de distancia, las autoridades detectaban otra excavación con características asombrosamente similares apuntando hacia los muros de la cárcel de Ibagué, en el departamento del Tolima.
Este hallazgo en paralelo encendió de inmediato las alarmas de las agencias de inteligencia del Estado. La sincronía temporal sugería, en un primer momento, la aterradora posibilidad de que estructuras criminales de alto nivel estuvieran orquestando una operación coordinada para liberar a sus cabecillas en el Eje Cafetero y el centro del país.
A partir de ese instante, la zona exterior de Peñas Blancas fue rodeada por un fuerte contingente de la fuerza pública, mientras equipos de peritos y unidades judiciales comenzaron la inspección técnica del terreno para medir la longitud exacta de la galería subterránea y rastrear las huellas de quienes financiaron la faraónica obra.
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Traslados exprés y la versión del Gobierno
Ante la gravedad del panorama, la respuesta institucional no se hizo esperar. El Inpec ordenó el despliegue inmediato de protocolos de contingencia máxima, reforzando los puestos de seguridad y blindando los perímetros de ambos penales para neutralizar cualquier intento de motín o distracción interna.
Para disipar los rumores de un colapso en la seguridad penitenciaria nacional, la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, asumió la vocería oficial. La funcionaria fue enfática en trazar una línea entre la intención criminal y la realidad de los hechos, asegurando que el Estado mantenía el control absoluto.
“Si bien la alerta corresponde a una investigación preventiva sobre la excavación en Calarcá y no a una fuga de presos, el monitoreo a esa cárcel es permanente”, aclaró la alta funcionaria, buscando llevar tranquilidad a los habitantes del Quindío.
Además de desmentir categóricamente que existan evidencias sólidas sobre un plan coordinado a nivel nacional, la ministra ordenó una purga preventiva dentro de los penales. Sin perder tiempo, el Inpec ejecutó el traslado inmediato de aquellos internos considerados de alto riesgo y que, por su perfil criminal, figuraban como los sospechosos naturales de haber encargado la construcción del pasadizo.
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