El principal centro asistencial de Risaralda atiende a 14.000 pacientes mensuales del Eje Cafetero y el norte del Valle, pero hoy no tiene cómo pagar a especialistas ni proveedores. Su cartera vencida, asfixiada por las aseguradoras, supera los $193.000 millones.
¿Por qué el Hospital San Jorge de Pereira está en crisis y qué servicios de salud están afectados?
El Hospital Universitario San Jorge de Pereira enfrenta una grave crisis financiera debido a que varias EPS, entre ellas la Nueva EPS, Asmet Salud y Coosalud, acumulan una deuda que asciende a $193.572 millones. Esta dramática falta de liquidez obligó a la gerencia, liderada por Javier Alejandro Gaviria, a restringir la compra de insumos, suspender cirugías programadas y priorizar únicamente las urgencias de los pacientes provenientes de Risaralda, el Chocó y el norte del Valle del Cauca.
Las camillas de los pasillos nunca se vacían y los monitores de signos vitales no dejan de sonar, pero en las bodegas de suministro el eco del desabastecimiento empieza a sentirse con fuerza. Para el paciente que viaja horas desde el norte del Valle del Cauca o desde la espesura del Chocó buscando sanidad en Pereira, el panorama es aterrador. Detrás de las batas blancas y la vocación de los médicos, el hospital público más importante de la región se está desangrando lentamente por una hemorragia administrativa y financiera que nadie parece poder detener.
El peso de una deuda que asfixia la salud regional
Cargar con la responsabilidad de atender a más de 14.000 personas mensuales exige un flujo de caja impecable. Sin embargo, el Hospital Universitario San Jorge opera hoy bajo el peso insoportable de la morosidad institucional. Mientras los médicos cumplen con su deber de salvar vidas, las entidades responsables de girar los recursos voltean la mirada hacia otro lado.
El diagnóstico financiero es desalentador. La cartera vencida del hospital alcanzó la alarmante cifra de $193.572 millones. Para agravar la situación, más de $52.600 millones de esa inmensa bolsa corresponden a facturas envejecidas, obligaciones que llevan durmiendo el sueño de los justos por más de un año sin que las aseguradoras emitan un solo comprobante de pago.
La paradoja es indignante para el personal médico. Las EPS intervenidas por el propio Gobierno Nacional y otras aseguradoras privadas continúan remitiendo pacientes de alta complejidad hacia las instalaciones en Risaralda, pero dilatan inexplicablemente el pago de los servicios ya prestados, ahogando al centro médico en una iliquidez sin precedentes.
Proveedores en fuga y especialistas sin salario
Cuando la plata no entra a las cuentas oficiales, la cadena de atención al paciente se rompe por el eslabón más débil. La falta de recursos líquidos cruzó la línea de las oficinas administrativas y ya golpea de frente la operatividad clínica del recinto.
“Actualmente estamos cruzando por una situación bastante crítica financieramente. Los proveedores en este momento nos tienen cerrados los servicios”, reveló con visible preocupación Javier Alejandro Gaviria, gerente de la institución.
El impacto sobre el talento humano es inminente. Quienes sostienen el prestigio científico del centro asistencial están trabajando sin ver reflejada su compensación económica en las cuentas bancarias.
“En este momento estamos debiéndole a los especialistas, tenemos una carga laboral bastante importante que no hemos podido pagar y que desafortunadamente nos hace tomar decisiones en cuanto a la prestación de servicios y hacer unas limitaciones en la compra de algunos suministros”, puntualizó Gaviria.
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Las EPS en la mira: la matemática del incumplimiento
El listado de deudores morosos tiene nombres propios. Según la gerencia, la operatividad del hospital se ha visto torpedeada principalmente por el actuar de la Nueva EPS, Coosalud y Pijao Salud, entidades que acumulan reiterados incumplimientos en sus acuerdos de pago.
Las cifras de facturación de este año exponen el abismo entre lo que se trabaja y lo que se recauda. A la Nueva EPS, por ejemplo, se le han radicado cobros por $38.448 millones, pero la aseguradora apenas ha desembolsado $29.554 millones.
El caso de Asmet Salud no es menos crítico. Tras facturar $16.354 millones por servicios médicos vitales, el hospital solo ha logrado recuperar $8.635 millones, dejando un profundo hueco presupuestal que impide la compra normal de anestésicos, suturas y medicamentos esenciales.
Un SOS urgente antes de apagar las luces de los quirófanos
Frente a la huida de los proveedores de insumos médicos, el San Jorge se ha visto obligado a implementar una estricta economía de guerra. Las cirugías programadas que pueden esperar han comenzado a ser aplazadas y las citas con especialistas enfrentan serias demoras.
La orden interna es proteger al máximo los pocos recursos disponibles. A partir de ahora, la prioridad absoluta se concentra en la unidad de urgencias y en la atención de los traumas de mayor complejidad médica, sacrificando inevitablemente la oportunidad de atención para miles de usuarios ambulatorios.
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