El Tribunal Superior de Bogotá decidió este 19 de agosto conceder libertad provisional a Álvaro Uribe Vélez, luego de que la Sala Penal revocara la medida de prisión domiciliaria que le había sido impuesta previamente por la jueza 44 penal de la capital, Sandra Heredia.
La decisión se tomó tras una tutela presentada por la defensa del expresidente, quien en primera instancia había sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El fallo del Tribunal determinó que los argumentos esgrimidos por la jueza Heredia para restringir la libertad del exmandatario —entre ellos la supuesta necesidad de preservar la convivencia pacífica, enviar un mensaje ejemplarizante y evitar percepciones de trato desigual— eran “vagos, indeterminados e imprecisos”.
La corporación judicial enfatizó que la libertad provisional de Álvaro Uribe no equivale a una absolución, pues el expresidente sigue vinculado al proceso y deberá esperar la decisión de la condena en segunda instancia, que igualmente estará en manos del Tribunal Superior de Bogotá.
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En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud por parte del Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial (FASOL), para otorgar medidas cautelares a la jueza Sandra Heredia. El objetivo de este pedido es garantizar su seguridad, integridad y el libre ejercicio de sus funciones en un contexto de presión social y política generado por este caso.
El proceso judicial contra Álvaro Uribe continúa en el centro del debate jurídico y político nacional, mientras se espera la resolución de la apelación que definirá el futuro judicial del exmandatario. La decisión del Tribunal genera expectativa no solo en el ámbito jurídico, sino también en la opinión pública, que sigue de cerca cada avance de uno de los procesos más mediáticos en la historia reciente de Colombia.
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