En una decisión judicial que marca un importante precedente en materia de planeación territorial, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia anuló el Acuerdo 304 del 29 de abril de 2024, que modificaba el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia (POT). Esta modificación, impulsada por la administración municipal, pretendía permitir la expansión urbana en Armenia y abrir paso a proyectos de vivienda en zonas rurales, pero fue declarada inválida por haberse hecho sobre un documento ya caducado.
El POT de Armenia vigente fue aprobado en 2009 y su periodo de validez finalizó en diciembre de 2023. A pesar de esto, el Acuerdo 304 buscaba introducir cambios significativos, como la creación de zonas especiales, la modificación del suelo rural, y el desarrollo de planes parciales para facilitar nuevas construcciones de vivienda en Armenia. Sin embargo, el juzgado concluyó que dichas modificaciones no podían aplicarse, ya que se estaban haciendo sobre un marco normativo que ya no tenía vigencia legal.
La demanda fue interpuesta por el abogado Sabel Reineiro Arévalo Arévalo, quien argumentó que el acuerdo era nulo porque se omitieron trámites fundamentales, como la socialización con la comunidad y las consultas obligatorias con entidades gubernamentales, pasos que son requisitos esenciales para modificar cualquier plan de ordenamiento territorial en Colombia.
La sentencia representa un duro revés para la actual administración municipal, que veía en la modificación del POT una oportunidad para acelerar el desarrollo urbano y atender la creciente demanda habitacional. Aunque el fallo es de primera instancia, su impacto es inmediato, ya que suspende la posibilidad de urbanizar zonas rurales que estaban contempladas en el Acuerdo 304.
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De acuerdo con urbanistas y juristas consultados, este fallo evidencia la necesidad de cumplir estrictamente los procesos legales y de participación ciudadana al momento de actualizar o modificar un POT. La alternativa más viable para el municipio, señalan los expertos, es la elaboración de un nuevo POT para Armenia, ajustado a las realidades actuales del territorio y con una proyección a largo plazo que garantice sostenibilidad, legalidad y gobernabilidad.
En ese sentido, la administración local tendrá que replantear su estrategia de desarrollo urbano y de vivienda, esta vez, cumpliendo con todos los procedimientos exigidos por la ley, incluyendo la consulta con la ciudadanía y entidades ambientales y de planeación.
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