Dosquebradas, conocido como el municipio industrial de Risaralda, inicia un proceso clave para su desarrollo territorial: la actualización catastral en la zona rural, una medida que no se realizaba desde hace más de 14 años. Esta intervención permitirá modernizar el registro de más de 9.000 predios y ajustar la información física, económica y jurídica de los inmuebles al estado real de cada propiedad.
La socialización de este proceso ya comenzó y es liderada por el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO). Según lo explicó Claudia Patricia Cárdenas, directora del AMCO, uno de los puntos clave de esta actualización es que algunos predios actualmente clasificados como rurales podrían pasar a ser urbanos, lo cual tendría implicaciones directas en el valor catastral y, por ende, en el pago del impuesto predial.
“Se han identificado construcciones que están registradas como viviendas de un solo piso, pero sus propietarios han realizado ampliaciones o edificaciones de más niveles. Esta realidad debe quedar reflejada en el catastro para que el municipio tenga información veraz y actualizada”, aseguró la funcionaria.
Asimismo, el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, indicó que es necesario que algunas edificaciones ubicadas en la zona rural paguen el impuesto acorde al valor real de su infraestructura y uso. “Hay edificaciones que ameritan que estén pagando el impuesto real en la zona rural”, puntualizó.
Este ejercicio se enmarca dentro de los esfuerzos del municipio para fortalecer la planeación territorial, facilitar la gestión de servicios públicos, y generar una distribución más equitativa de la carga tributaria. Además, será fundamental para tomar decisiones de ordenamiento y desarrollo económico a corto y mediano plazo.
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La actualización catastral en Dosquebradas contempla visitas técnicas a cada predio rural, en las cuales se verificará el uso del suelo, el tipo de construcción, la destinación económica del inmueble y otros factores determinantes. En ese sentido, el llamado de las autoridades es a que los propietarios colaboren con los funcionarios encargados y suministren la información requerida.
También se espera realizar una socialización activa con líderes comunitarios, empresarios y habitantes rurales, con el objetivo de aclarar dudas, evitar desinformación y garantizar transparencia en todo el proceso.
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