En respuesta a la creciente preocupación por la situación de orden público en Tuluá, Valle del Cauca, una comisión especial de la Procuraduría General de la Nación se desplazará al municipio para evaluar el impacto de la violencia en los derechos de la comunidad. Encabezada por el procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, esta misión buscará reunirse con las autoridades locales y la comunidad afectada para abordar la problemática de manera integral.
La visita incluirá encuentros con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez, así como con los comandantes regionales del Ejército y la Policía. El objetivo principal es recopilar información de primera mano sobre la situación actual, evaluar las medidas adoptadas hasta el momento y proponer estrategias adicionales para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Durante los últimos años, Tuluá ha enfrentado una serie de desafíos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales, que han generado un preocupante número de homicidios selectivos, tentativas de homicidio, amenazas, extorsiones y actos terroristas. Según datos del Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz, se han registrado un total de 245 hechos victimizantes entre 2020 y 2024.
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Es importante destacar que entre los afectados por esta violencia se encuentran jóvenes, comerciantes, propietarios de tierras, servidores públicos y ciudadanos comunes. Además, existe una preocupación particular por el riesgo que enfrentan los migrantes venezolanos, incluyendo menores de edad, quienes podrían ser instrumentalizados por estos grupos para cometer actos violentos.
Con base en la información recopilada durante esta visita, la Procuraduría elaborará un informe preventivo que será presentado a las autoridades del orden nacional el próximo 20 de febrero, con el objetivo de contribuir a la atención y resolución de esta crisis que afecta a la comunidad de Tuluá.
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