En un contundente operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, se desarticuló una red delictiva dedicada a la alteración y comercialización de medicamentos en Colombia. Este golpe a las estructuras criminales ha generado un fuerte impacto en las ciudades afectadas y destaca la importancia de proteger la salud pública frente a prácticas ilegales.
La operación y las capturas
El operativo tuvo lugar en Barrancabermeja, Bucaramanga (Santander) y Villavicencio (Meta), donde fueron capturados cinco integrantes de esta organización: Belisario Adarme Jaimes, Abelardo Adarme Jaimes, Édgar Mauricio Pico Cavarique, Geny Marcela Acuña Alarcón y Javier Alberto Mantilla Torres.
Los detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico, así como enajenación ilegal de medicamentos. Todos aceptaron los cargos imputados por un fiscal del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
El modus operandi de la red criminal
La organización estaba dedicada a obtener medicamentos vencidos, descompuestos o de uso institucional, cuya venta está prohibida, y a modificar su apariencia para ponerlos nuevamente en circulación. Según las investigaciones, estos productos eran adquiridos en instituciones prestadoras de salud (IPS) en Colombia o en territorio venezolano.
Belisario Adarme Jaimes, señalado como el cabecilla de la red, coordinaba la adquisición y manipulación de los medicamentos, mientras que su hermano Abelardo se encargaba de distribuirlos en Villavicencio y otras ciudades.
Por su parte, Geny Marcela Acuña Alarcón lideraba el proceso de borrado de sellos, registros y fechas de vencimiento. Usaba químicos en condiciones antihigiénicas para alterar la apariencia de los productos y darles una falsa impresión de autenticidad, lo que ponía en grave riesgo la salud de los consumidores.
Los otros dos miembros de la organización se encargaban de la adquisición y transporte de los medicamentos, garantizando su llegada a los puntos de distribución, como droguerías y dispensarios.
Te puede interesar: Supersalud: acuerdo entre Nueva EPS y Audifarma para garantizar medicamentos en 13 departamentos
Incautaciones y alcance del delito
En el desarrollo de los procedimientos, las autoridades incautaron más de 598.429 unidades de medicamentos y 125 cajas de tapabocas, productos que estaban listos para ser comercializados en el mercado ilegal.
Entre los medicamentos recuperados se encontraron productos vencidos, descompuestos y destinados exclusivamente para uso institucional. Estos eran modificados de forma rústica para que parecieran aptos para el consumo.
Impacto en la salud pública
La comercialización ilegal de productos farmacéuticos no solo constituye un delito grave, sino que también representa un riesgo para la salud pública. Medicamentos manipulados en condiciones insalubres pueden generar efectos adversos graves, empeorar las condiciones de los pacientes o incluso causar muertes.
Deja tu comentario