El secretario Jurídico del Valle del Cauca, Germán Marín Zafra se refirió al caso de la carretera Cali-Candelaria y señaló que este es un proceso que lleva muchos años, a través de los cuales el Departamento ha pasado por diferentes instancias judiciales donde ha sido condenado a pagar por esa obra que nunca se realizó. Hasta el momento, el gobierno departamental ha pagado obligaciones por este concepto, cercanos a los $29 Mil Millones.
“Estos pagos se vienen generando a raíz de la finalización del contrato suscrito entre la Gobernación y la firma Cisa encargada de la ejecución de la obra, doble calzada Cali-Candelaria-Florida; a hoy la deuda llega a más de $42 Mil Millones. Es importante destacar que la administración de Ubeimar Delgado desde el año 2013 trasladó solicitud de investigación a la Procuraduría referente a un posible proceso disciplinario, a la Contraloría para el tema fiscal y a la Fiscalía General de la Nación”, indicó Marín Zafra.
una vez no se pudo llevar a cabo el proyecto, el Departamento y la Empresa CISA determinaron finalizar de mutuo acuerdo el contrato
Recordó que una vez no se pudo llevar a cabo el proyecto, el Departamento y la Empresa CISA determinaron finalizar de mutuo acuerdo el contrato y la liquidación quedó en manos de un tribunal de arbitramento, instancia que a través de laudo arbitral confirmado en segunda instancia, condenó al Valle del Cauca a pagar $20 mil millones, incluyendo intereses de mora. El no pago de esta obligación inicia en el año 2003 y aunque en el 2007 los $20 Mil Millones fueron cancelados, la demora ocasionó que la deuda siguiera creciendo, indicó Marín Zafra, generándose un detrimento del patrimonio público.
Ante este panorama el secretario jurídico indicó que el Departamento está obligado a ejercer las respectivas acciones de repetición a las administraciones que no cumplieron con las sentencias de pago. “Hoy por hoy la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que se puede iniciar acción de repetición, cuando han existido pagos parciales, como en el caso de la Gobernación que ya pagó $29 Mil Millones.
Estas acciones tienen caducidad de dos años, para el Departamento los términos comenzaron a contar a partir del 16 de agosto del 2014, es decir que tenemos dos años para iniciar la acción, puntualizó el Director Jurídico, Germán Marín Zafra. Agregó que en los próximos días se reunirá el Comité de Conciliación donde se presentarán las respectivas pruebas, allí cada integrante votará si se presenta o no la acción de repetición. El secretario Jurídico dijo finalmente que el Departamento debe blindarse jurídicamente ya que cuando se presenta un detrimento público debe establecerse una responsabilidad ante los entes de control.
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