El hallazgo de facturas anteriores al actual gobierno departamental, camufladas en historias clínicas y abandonadas en el taller de ambulancias del Hospital Universitario del Valle, vuelve a dejar al descubierto las graves irregularidades denunciadas hace 17 meses ante la Fiscalía por la gobernadora, Dilian Francisca Toro, cuando se hallaron 14 cajas escondidas con facturas vencidas, por cerca de $10.000 millones y que estaban desangrando al hospital.
Sobre este hecho, Giovani Ramírez, asesor de la Gobernación del Valle del Cauca, precisó que “la denuncia que hace el vicepresidente del sindicato del HUV, acerca de unas facturas que se han encontrado en un archivo muerto del hospital, evidencia el desorden administrativo en que venía en otros periodos el centro asistencial y ratifica la denuncia que hizo la señora Gobernadora en su momento sobre el hallazgo de facturas de periodos anteriores sin cobrarlas a la EPS y sin haberlas radicado”.
La Gobernación y el hospital revelaron más detalles de este hallazgo y precisaron que “se encontraron facturas de los años 2009 y 2011, hecho similar sobre el cual hizo la denuncia la señora Gobernadora, con facturación incluso del 2005 que no estaba cobrada a las EPS”.
Estas historias clínicas utilizadas para camuflar las facturas pasaron en su momento por el área de archivo, según tiene establecido el Hospital Departamental, en donde para los años a los que pertenecen estos documentos las funciones de archivo estaban repartidas, una parte administrativa y otra parte en planeación”, explicó Ramírez y agregó que “a dicho archivo en este momento el nuevo gerente, Irne Torres, se encuentra haciéndole una reorganización administrativa”.
Sobre estas facturas halladas se iniciará su verificación, que “de acuerdo al procedimiento se llevan a cartera, cartera las cruza contablemente y mira el estado en que están y dependiendo de ello toma la decisión para que el hospital, si no están pagadas, haga la reclamación”, precisó Ramírez.
Por el desangre administrativo, el HUV llegó a acumular una deuda de $286.000 millones y estuvo amenazado con ser liquidado, hasta que su Junta Directiva decidió acogerse a la Ley 550 el año pasado.
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