La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sostuvo este jueves un encuentro con voceros del alto gobierno en Bogotá para tratar el tema de desplazamiento y violación de derechos a miles de ciudadanos de la zona limítrofe entre Valle del Cauca y Chocó, muchos de los cuales han sido desplazados por la violencia armada que se vive en la región.
La mandataria, en compañía de la secretaria de Convivencia y Seguridad del Valle, Noralba García, expusieron la problemática ante el vicepresidente Óscar Naranjo; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, entre otros.
La Gobernadora y su delegación hicieron una detallada presentación del plan de intervención propuesto para contener el desplazamiento de la gente de Docordó y el Bajo San Juan (Chocó) hacia Buenaventura que se ha convertido en un verdadero problema social toda vez que, incluso, algunos de estos desplazados están llegando a la capital del Valle y otras partes del país.
“Estamos buscando soluciones a la violación de los derechos de los ciudadanos desplazados y afectados en la zona limítrofe de Valle y Chocó frente a bandas delincuenciales, por la problemática que se ha tenido en el litoral y donde con el proceso de paz se recogen fuerzas como las Farc, pero queda libre el espacio que debe ser tomado por el Estado”, señaló la secretaria de Convivencia y Seguridad, Noralba García.
Diagnóstico
Actualmente se evidencian amenazas a 24 de comunidades del litoral del San Juan y Buenaventura, de población afro e indígena, advirtió la Gobernadora.
En su presentación ante el alto gobierno, resaltó que actualmente se tienen una verdadera emergencia humanitaria en la zona porque hay escenarios de riesgo debido a la irrupción de grupos ilegales, hay restricción a la movilidad, vulneración de derechos, presencia de actores armados y necesidades básicas insatisfechas.
El gobierno del Valle ha hecho frente a esta situación desde finales del año pasado, dado el impacto que se está generando sobre Buenaventura y se creó un Comité Técnico temporal para manejar la situación. Se han realizado Consejos de seguridad en Buenaventura el 11 de noviembre de 2016 y 22 marzo de 2017 para afrontar la problemática.
Noralba García indicó que el comité técnico temporal se reúne cada dos meses, el cual ya entregó una propuesta de intervención conjunta, un mapa de oferta actualizad y un balance final de intervención y se han hecho dos jornadas de atención o ferias de servicios a la comunidad.
Recalcó que la intervención humanitaria realizada ha buscado hacer prevención, dar protección y garantías de no repetición para brindar seguridad a la población afectada.
En ese sentido, la propuesta hecha al Gobierno Nacional es garantizar atención y asistencia humanitaria, llevar cultura, recreación y deportes a la gente, hacer la identificación y registro de las personas, ofrecerles salud y atención psicosocial, educación, seguridad alimentaria, servicios públicos como agua potable, vías, transporte y comunicaciones, vivienda, generación de ingresos y tierras. Es decir, una atención integral para mitigar la problemática compleja que afrontan miles de habitantes esa parte del litoral Pacífico.
Requerimientos
No obstante, para implementar este plan se requiere el cumplimiento de una serie de actividades por cada uno de los ministerios y entidades del Gobierno Nacional, cuyo compromiso fue requerido durante el encuentro de este jueves.
Por ejemplo, el Ministerio del Interior debe identificar y caracterizar la población víctima, debe fortalecer sus procesos organizativos internos, apoyar la resolución de conflictos entre etnias en relación con el saneamiento de resguardos y territorios ancestrales.
El Ministerio de Agricultura debe implementar el proyecto vivienda rural para construcción y mejoramiento (construcción de viviendas nuevas, reubicación de comunidades por anegación – proyectos de mejoramiento de vivienda).
El Ministerio de Salud debe garantizar el mejoramiento de infraestructura de salud en la zona (recurso humano y dotación) y el apoyo para la Implementación Sistema Indígena de Salud Propia e intercultural.
El Ministerio de Educación deberá garantizar la vinculación de docentes permanentes y fortalecimiento de la planta existente en instituciones educativas de la zona para la regularización en calendario escolar (inicio de actividades académicas), mejorar de instalaciones educativas y restaurantes escolares, ampliación de cobertura Programa de Alimentación Escolar y promover sistema propio de educación con enfoque étnico.
De la misma manera, los demás ministerios deben asegurar el acceso a telecomunicaciones (instalación de antenas y mejoramiento de señal celular, instalación puntos vive digital), proyectos de energías alternativas y protección del medio ambiente, emprendimiento culturales para comunidades afro e indígenas (artesanías, expresiones artísticas, gastronomía).
También el apoyo a escuelas de formación cultural y construcción de dos escenarios deportivos y culturales. Vinculación a la población en programa de ingreso Social, vinculación de la totalidad de población afro e indígenas en programa familias en acción, entre otros.
Finalmente, en Docordó, la población más afectada, el compromiso es hacer la repotenciación del acueducto de la cabecera municipal, el apoyo a la construcción de la vía Málaga – Bajo Calima – Malaguita – Docordó, impulsar el proyecto de interconexión eléctrica Valle del Cauca- Chocó y desarrollar las acciones del Plan Pazcifico para el municipio del Litoral del San Juan.
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