Completamente paralizados se encuentran los trabajos de la doble calzada Santana, gracias a la cantidad de argumentaciones que sobre la propiedad privada expone constantemente ante los jueces un abogado defensor de propietarios de predios en litigio.
La parálisis total se dio cuando solo falta el siete por ciento para la terminación de la vía, una obra cuyo costo hoy por hoy asciende a $18 mil millones y se constituye en la más importante que se haya construido en el Norte del Valle en los últimos años.
Es tal la preocupación que se tiene por los innumerables inconvenientes en la doble calzada, que ya se han detectado focos de contaminación que generan alto riesgo para la transitabilidad, además de los accidentes permanentes.
Intereses
El veedor dijo que ni siquiera las autoridades municipales volvieron a aparecer a ponerle el pecho a la obra todavía sin terminar y que está en su jurisdicción. Es posible que le cueste a Cartago demandas y sanciones millonarias en el mediano plazo, señaló.
La denuncia la hizo en las últimas horas el presidente de la Veeduría «Misión Transparencia», Abimael Marín, tras advertir que detrás del pleito que confronta al gobierno departamental y a los dueños de algunos terrenos por donde debe pasar la doble calzada, existen intereses extraños y hasta políticos.
Marín dijo que el frenazo en la obra es muy delicado puesto que ni la gobernación define qué hará y qué pasará con los predios conocidos como «los bocadillos, ubicado frente a la Super Trece, y el de una comunidad de religiosas, situado en Santana.
Acciones
Da la impresión que la Gobernación del Valle no toma acciones porque seguramente no le interesa, y la parte que defiende a las personas que se niegan a negociar con el estamento tampoco da su brazo a torcer.
Y en el ir y venir de intereses de la Administración Seccional, como también del grupo de personas asesoradas por un abogado con todo su derecho a ejercer su profesión en beneficio propio, se tiene detenido el progreso y el desarrollo de una parte de ciudad habitada por más de 100 mil personas.
El presidente de «Misión Transparencia» identificó al abogado en mención como Oscar Marino Arias a quien invitó a dialogar y llegar a acuerdos concertados que no perjudiquen la ciudad.
Conciliación
«Tiene que llegar un momento en el que debe conciliarse entre la razón, el deseo de tomar un negocio y el interés ciudadano. Por eso nuestra invitación es que la gobernadora Dilian Francisca Toro rompa esa zona de confort que mantiene con su Secretaría de Infraestructura Departamental, y el abogado y los propietarios de los predios busquen la manera de conciliar y que la comunidad disfrute del desarrollo».
Señaló también que no es posible que hayan pasado más de tres años y aún no se entrega la obra, y como están las cosas pareciera que existe una estrategia para dilatar su terminación hasta que la abrigue un aroma político.
«Será el momento en que aparezcan personas que nunca vinieron a Cartago para abrogarse la construcción exitosa de la obra. Se los verá dándose vitrina en los medios de comunicación para sacarle partido político a la situación. Se trata de politiqueros de pacotilla, de los que la ciudad no debe dejarse confundir por su oportunismo, manifestó Marín.
Llamado
La gente, especialmente de la Comuna VII debe sentir asco por estos politiqueros que esperan el momento propicio para actuar y engañarnos, y es de ellos que debemos cuidarnos vengan de donde vengan así sea del mismo Congreso de la República, advirtió el dirigente.
El veedor afirmó que es de tal inoperatividad el aparato profesional del gobierno que los mismos abogados se han equivocado en los términos jurídicos al interponer las medidas cautelares o en el inicio de los procesos, y de ahí que los jueces hayan carecido de las herramientas para fallar a favor o en contra.
«En mi concepto, dijo Abimael Marín, este es un aplazamiento provocado de una acción de desarrollo para privilegiar y favorecer en las próximas elecciones a Congreso de la República a dos o tres personas que sin haber hecho ningún esfuerzo, van a reclamar para sí la feliz culminación de la doble calzada Santana.
Decirles no
«A esta gente hay que decirle «mamola», porque tratan de engañar a una gente maltratada y cansada por los entes gubernamentales, observó el dirigente.
No obstante, Marín aclaró que los retrasos en la obra no aumentarán su costo, gracias a que uno de los logros mayores de «Misión Transparencia» fue precisamente presionar para evitar el desembolso de los últimos $600 millones que el Gobierno Departamental adeuda a la firma contratista «Consorcio Villa de Robledo».
Se logró, además, evitar que la concesionaria trasladara la responsabilidad de terminar la doble calzada Santana al municipio, lo que es injusto porque los trabajos desde un comienzo están a cargo del Departamento del Valle del Cauca.
Detonante
Marín dijo que para evitar un detonante social en la Comuna VII que podría estar cocinándose, es necesario que todas las partes involucradas en el proyecto, incluida la firma contratista, el gobierno departamental, la Veeduría Misión Transparencia y el abogado Oscar Marino Arias, además de la ciudadanía y el Municipio de Cartago, ventilen públicamente la situación del proyecto.
Pensamos que se gesta algo para favorecer con votos y recursos a extraños personajes interesados en que la obra continúe con problemas y paralizada, señaló el veedor Marín.
Finalmente, el presidente de Misión Transparencia dijo que el abogado Arias está haciendo uso de argumentos jurídicos que le proporciona la misma ley, y que él esgrime ante la incapacidad del Departamento Jurídico de la Gobernación para hacerle entender a los jueces que prima el bien general sobre el particular, y por tal motivo deben expropiarse los terrenos en pleito que impiden la continuación de los trabajos.
Resarcir
En consecuencia, de darse esto se resarce el derecho a la propiedad privada a los tenedores de los predios. Lo que hay que hacer cuanto antes posible es que se llegue a un consenso con una fórmula que le sirva a todos para que por fin terminen los trabajos en la doble calzada Santana.
Entre tanto, preocupa también que por falta de un control previo los entes fiscalizadores en estas obras estén prácticamente amarrados, pues no pueden actuar hasta que concluyan los trabajos de la doble calzada. Incluso, por ahora no es posible reclamar por la falta de los acabados de la vía.
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