Un triste hecho en la zona rural de El Águila, norte del Valle, ha generado conmoción en la comunidad local. Se trata del asesinato de un puma que fue registrado en video y que ha llevado a la acción de la justicia.
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dirección Nacional de Carabineros, llevó a cabo una diligencia de registro y allanamiento el pasado 11 de septiembre en una propiedad rural, donde se encontró el cuerpo del animal, cuya piel estaba en proceso de secado.
Al respecto, este martes 12 de septiembre, Camilo Murcia, Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Valle del Cauca, destacó la rápida acción de las autoridades al capturar a dos individuos sospechosos de estar involucrados en el asesinato del puma en la zona rural de El Águila, Valle. A través de su cuenta de Twitter, Murcia expresó: «Nuestra fuerza pública capturó a 2 personas señaladas de asesinar a un puma en zona rural de El Águila en el norte del Valle del Cauca. Es triste lo que sucedió».
El Secretario resaltó la política pública de bienestar animal liderada por Clara Luz Roldán, Gobernadora del Valle, que proporciona a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para investigar y abordar estos casos de manera ágil. También hizo hincapié en la importancia de alertar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) cuando especies salvajes se acerquen a áreas urbanas, en lugar de tomar medidas por cuenta propia.
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En el video que se compartió en redes sociales, se puede ver a un hombre llevando al puma muerto sobre sus hombros, mientras el individuo que graba la escena explica la supuesta razón detrás del asesinato: «Creyó que iba a seguir comiendo gallinas».
La CVC respondió a una denuncia ciudadana a través de su Línea de Vida Ambiental #550 y envió a funcionarios al lugar de los hechos de inmediato.
Una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) procedió a judicializar a Robinson y Jesús Antonio como presuntos responsables del asesinato del puma. Los acusados fueron imputados por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y maltrato animal, aunque ninguno de ellos aceptó los cargos.
Una jueza, con función de control de garantías, dictaminó que los investigados deberán cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia. Este caso sirve como recordatorio de la importancia de la protección de la vida silvestre y la necesidad de denunciar cualquier actividad ilegal que amenace a las especies en peligro.
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