Luego de 10 horas de protesta, las comunidades del sector El Gallinero en el Valle del Cauca decidieron suspender el bloqueo en la vía Buenaventura-Buga, tras la intervención directa de la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, quien se comprometió a acompañarlas a una reunión con la Defensoría del Pueblo para exigir respuestas sobre un proceso judicial que lleva décadas en curso.
El levantamiento del bloqueo en El Gallinero se dio después de una jornada de tensión el miércoles 9 de abril, cuando decenas de personas interrumpieron el tránsito por esta importante vía del suroccidente colombiano, exigiendo el cumplimiento de un fallo judicial relacionado con un desastre ambiental ocurrido hace más de 30 años.
Según explicó la mandataria, “hubo un bloqueo porque hace más o menos 30 años presentaron una demanda las comunidades por un desbordamiento que hubo en el río Anchicayá”, un evento que causó graves afectaciones sociales y ambientales en la región. A raíz de este incidente, tanto Epsa como la CVC fueron sancionadas con una multa de $200 mil millones, la cual debía ser entregada como compensación a las comunidades perjudicadas.
Actualmente, esos recursos se encuentran en un fondo de la Defensoría del Pueblo para comunidades, esperando el cumplimiento de decisiones judiciales y la resolución de objeciones presentadas por actores institucionales.
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Conflicto histórico por el río Anchicayá
Este caso, conocido como el conflicto por desbordamiento del río Anchicayá, ha sido emblemático en Colombia por su duración y por la magnitud de los daños a las comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas en el litoral pacífico. Pese a que el Consejo de Estado ya dio su veredicto, aún no se ha hecho efectiva la entrega de los dineros, lo que ha generado creciente malestar en la población afectada.
La gobernadora Dilian Francisca Toro fue enfática al señalar su compromiso con las comunidades del río Anchicayá, asegurando que asistirá personalmente a la reunión agendada con la Defensora del Pueblo el próximo 23 de abril a las 2 p. m., donde se espera destrabar el proceso de distribución del dinero.
Aunque todo parece indicar que el proceso de desembolso está cerca de resolverse, aún existen algunas objeciones legales por parte del Procurador Judicial, lo que ha generado nuevas demoras. “La Defensora del Pueblo dice que el problema ya está casi solucionado, que el Consejo de Estado ya dio su veredicto, pero que el Procurador Judicial, al parecer, hizo algunas objeciones y aún están en las últimas conversaciones para poder proceder con el pago a las comunidades”, puntualizó la gobernadora.
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