El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Conocimiento tuteló los derechos fundamentales a la dignidad humana, al trato preferencial, al trabajo, al mínimo vital, y al derecho de inclusión señalados como vulnerados, a la Asociación de Sordos de Cartago, la Asociación de Discapacitados en Sillas de Ruedas y la Fundación de Personas en condiciones de discapacidad, por parte del Alcalde de Cartago, Carlos Andrés Londoño Zabala, o por quien haga sus veces al momento de la notificación del presente fallo.
Advierte la Jueza Segunda Penal Municipal con función de conocimiento, Amparo Bedoya Restrepo, que como consecuencia de lo anterior, se ordena al Alcalde de Cartago a que en un término de 10 días hábiles haga efectivo el derecho a la inclusión de los accionantes, a fin de cumplir con la amplia legislación existente al respecto.
Agrega el fallo, que también se cumpla con el mandato que el Constituyente Primario dio a los gobernantes en esta democracia participativa.
Determina, así mismo, que una vez cumplido el fallo de tutela dentro del término ordenado, deberá la entidad demandada informar sobre el cumplimiento del mismo.
Expectante
El despacho, dice la jueza Amparo Bedoya, estará expectante respecto al cumplimiento de esta decisión de primera instancia, para que sea efectiva la protección de los derechos vulnerados.
El fallo advierte, igualmente, que la impugnación de la presente decisión tutela no significa que no se dé cumplimiento dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, atendiendo lo normado en el Decreto 2591 de 1991 sobre el cumplimiento dentro del término otorgado.
Tras ordenar la notificación de la sentencia y darla a conocer a las partes intervinientes en la acción de tutela, señala que contra la presente decisión procede la impugnación.
Impugnación
Manifiesta que en caso de no ser impugnada la decisión dentro del término legal, el fallo se enviará al día siguiente de su ejecutoria a la Honorable Corte Constitucional para su eventual selección y revisión.
La sentencia de la tutela es la 0207 -A- que tiene como accionante al abogado, Álvaro Rengifo Parra, y en calidad de afectados a la Asociación de Sordos de Cartago y otros.
Aparecen como accionados la Alcaldía Municipal que preside Carlos Andrés Londoño abala, y el Secretario de Movilidad, Tránsito y Transportes de Cartago, Juan David Piedrahita.
Los demandantes argumentaron que les son vulnerados derechos constitucionales como la dignidad humana, el trabajo digno, el mínimo vital, un trato especial por parte de la Administración local, por ser ellos personas en situación de discapacidad.
Agrupados
En el fallo, el Juzgado recuerda que esas entidades que agrupan a la población discapacitada fueron constituidas legalmente y tienen domicilio en Cartago Valle.
En varias ocasiones, estas agrupaciones han celebrado contratos con el Municipio de Cartago para administrar las zonas azules o de permitido parqueo.
Se advierte, además, que con los recursos que ingresan de la ejecución de esos contratos, muchos de los discapacitados atienden sus necesidades básicas, luego de desarrollar su labor al sol y al agua.
Con ese esfuerzo, esta población logra subsistir junto a su familia y la misma asociación a la que pertenecen.
Especial protección
El Juzgado hace hincapié en el fallo en que los discapacitados deben gozar de especial protección del Estado, con derecho a un trato especial y diferencial, debiéndose adoptar medidas y políticas de inclusión.
Recuerda la jueza Amparo Bedoya que los alcaldes que han precedido al actual entregaron a la Fundación de Discapacitados, excepto a «La Cabaña», la administración de las zonas Azules, lo que les permitió subsistir dignamente hasta diciembre de 2016.
Señala igualmente la funcionaria, que en la administración del actual gobernante, Carlos Andrés Londoño Zabala, y con la participación de la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transportes se hizo un costoso estudio de estas, y van a ser entregadas a entidades de Manizales o de Tuluá.
Advierte que el estudio de la referencia no fue realizado por personas o entidades de Cartago, sino que se escogió para ello a una entidad de Pereira.
No pueden trabajar
Manifiesta, también, que desde enero del año en curso las fundaciones de discapacitados de la ciudad no han podido desarrollar su labor de controladores de esos espacios públicos por expresa orden del mandatario de Cartago, ni tampoco se suscribieron convenios o contratos con tales asociaciones.
Concluye la jueza Amparo Bedoya que varias cartas fueron dirigidas al Alcalde Londoño Zabala pidiéndole cumplir con la Constitución Nacional y no excluir a los discapacitados de los programas del gobierno municipal, pero estas no fueron escuchadas ni respondidas, como tampoco por parte del Secretario de Movilidad, Tránsito y Transportes.
Esta actitud, afirma, vulnera los derechos fundamentales de esta población, y si esos contratos se hacen con asociaciones de discapacitados de otras ciudades, se pondría en riesgo el derecho a un trato digno y humano, así como al trabajo.
Vulneración de derechos
Como se recordará, los pretensionantes a través de su abogado, Álvaro Rengifo Parra, solicitan a la justicia que se declare la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, y como consecuencia de ello se ordene la protección inmediata de los beneficios constitucionales fundamentales, quebrantados o amenazados por la acción o la omisión de los demandados.
Así mismo, demandan que se ordene adoptar medidas y políticas con enfoque de inclusión real y efectiva frente a la población discapacitada.
Igualmente, que se ordene realizar con las entidades demandantes convenios o contratos de administración de esos espacios públicos.
Exposiciones
En sus exposiciones de motivos, tanto el Alcalde como el Secretario de Movilidad, Tránsito y Transportes niegan estar vulnerando los derechos constitucionales y legales de los discapacitados, y advierten, que la administración de las zonas azules no ha sido aún entregada a ninguna entidad o asociación.
Señala sí, que como venían funcionado estas se detectaron muchos problemas y se ha querido darle una mejor organización y hacerla productiva para que el municipio puede invertir en programas de condición vial, planes de tránsito, educación, dotación de equipos y mecanismos de seguridad y de tráfico en las calles y avenidas de la ciudad.
«No es cierto que estemos atentando contra la subsistencia de los discapacitados y sus familias, y se preguntan ¿si no existieran las zonas azules en Cartago qué pasaría con ellos? Realmente nos parece exagerada la acusación, señalan los dos funcionarios municipales».
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