Superservicios
Las principales causas son cobros no autorizados, fallas en la medición del consumo, deficiencias en sus reportes de información y otros incumplimientos a la regulación vigente.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso multas por $95.918.483.972 en el año 2020 a 208 empresas bajo su vigilancia, al culminar procesos de investigación iniciados entre 2017 y 2019.
Las sanciones son resultado de acciones de control ejercidas a 116 empresas del sector de acueducto, alcantarillado y aseo; y 92 de energía y gas combustible.
De este monto, $ 37.825.858.485 corresponden a multas en firme, y $ 58.092.625.487 a sanciones que se encuentran en etapa de revisión de los recursos de reposición presentados por las empresas, en el marco del debido proceso.
Sobre el balance de estas acciones de control, la superintendente, Natasha Avendaño García, manifestó que “Estas sanciones son resultado del ejercicio de supervisión técnica que hace la entidad a las empresas prestadoras y de reclamaciones presentadas por los usuarios.”.
Agregó que se definieron los valores de las multas impuestas a cada prestador, teniendo en cuenta el tipo de infracción, falla o incumplimiento a la regulación que aplica a los servicios públicos bajo nuestra vigilancia.
“Nuestro objetivo es que las empresas corrijan las falencias identificadas para garantizar su adecuada gestión, la defensa de los derechos de los usuarios y la competitividad del sector ejerciendo buenas prácticas”, dijo.
Del total de las multas impuestas por la Superservicios en 2020, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo dejó en firme multas a 54 empresas por $5.000.187.939. Otros 62 prestadores fueron multados por $20.366.929.327, en procesos que se encuentran en revisión ante los recursos presentados por los prestadores.
El principal motivo de las sanciones en firme está relacionado con la baja calidad del agua, razón por la cual 35 prestadores del servicio de acueducto fueron multados por $794.722.909 al no suministrar agua apta para el consumo humano a sus usuarios.
Seis empresas fueron multadas por más de 3.800 millones de pesos al comprobarse fallas en la prestación del servicio, fallas en la medición del consumo e incumplimiento a las normas técnicas.
Estas empresas sancionadas son: Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta – Metroagua ($2.494.285.392), Buenaventura Medio Ambiente ($598.661.646), Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa Del Rosario ($272.118.930), Empresas Públicas Municipales de Tierralta ($186.094.236), Empresa Regional de Aguas del Tequendama ($142.204.086) y la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ($132.548.253)
La Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible dejó en firme sanciones a 69 empresas con multas por $32.825.670.546.
Adicional a estas, impuso otras 23 multas por $37.725.696.160 que se encuentran en revisión de la entidad ante los recursos de ley presentados por las empresas, en el marco del debido proceso.
Los principales motivos de las sanciones en firme se relacionan con fallas en la prestación del servicio, deficiencias en los reportes al Sistema Único de Información (SUI); incumplimiento de la regulación frente la facturación del servicio de energía, mantenimiento de gasoductos, expedición del certificado de conformidad al momento de la revisión periódica de las redes internas de gas de los usuarios, expedición de paz y salvo para cambio de comercializador; deficiencias de medios físicos y logísticos para la entrega de GLP e inexistencia de certificado de conformidad en planta de envasado de GLP, entre otras.
La empresa con mayor número de multas fue Electricaribe que sumó un total de $6.729.595.574, seguida de la empresa Universal de Servicios Públicos con $1.755.606.000. Otros seis prestadores sancionados sumaron multas por $1.656.232.000: Empresas Públicas de Medellín, Electrificadora del Huila, Ecopetrol y Reficar, Codensa, Compañía Energética del Tolima y Alcanos de Colombia.
En materia de sanciones no económicas, durante el 2020 fueron amonestadas seis empresas por no expedir paz y salvo a los usuarios para facilitar el cambio de operador, tener fallas en el reporte de porcentaje de uso de activos en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y no brindar información sobre resultados de vigilancia y auditorías.
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